La cantidad de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica podría alcanzar una nueva marca histórica en 2022, a tenor del inusitado número de solicitudes en la primera mitad del año, que grupos de derechos humanos ligan al cierre de cientos de organizaciones civiles por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Los nicaragüenses acaparan el 92% del total de peticiones de refugio en Costa Rica, que superarían las 80.000 al cierre de 2022, estimó la semana pasada la directora de Migración, Marlen Luna, en una comparecencia ante legisladores en la que reveló que la dependencia está «desbordada».
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Uno de los solicitantes, Álex Madrigal, dejó Managua y cruzó la frontera por un paso informal el 8 de junio. Con 30 años y un hijo, no pudo obtener trabajo en su tierra natal por no tener el «aval político» de las autoridades centrales, un requisito que piden las firmas privadas, contó a Reuters.
«Llevaba seis meses desempleado. Después de la reelección muchas empresas se han plegado al Gobierno y exigen la prueba de que uno es simpatizante del Gobierno, y yo no lo soy ni lo sería», relató a Reuters en la capital costarricense.
Entre enero y junio se registraron 37.500 peticiones de refugio de nicaragüenses a Costa Rica, la mayor cifra de la historia en este último país para los primeros seis meses del año. El anterior récord anual fue en 2021, con 53.000 registros, según datos de la Dirección de Migración costarricense.
En los últimos 12 meses, hubo 79.000 solicitudes y desde las protestas de 2018 contra Ortega van más de 180.000, según Luna. «A este ritmo vamos a durar nueve años resolviendo estas solicitudes», lamentó la funcionaria, quien reclamó más ayuda de la comunidad internacional.
En la última Cumbre de las Américas, en junio en Estados Unidos, el presidente Rodrigo Chaves también expuso la situación. «Al sur del Río Bravo ningún país tiene el porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población que posee Costa Rica, con un 11.5%, más de 500,000 personas», afirmó.
Ocho meses después de la cuestionada reelección de Ortega como presidente en noviembre de 2021, organismos civiles siguen denunciando persecución política, encarcelamiento de decenas de disidentes y clausura de organizaciones no gubernamentales.
El lunes, colectivos nicaragüenses contrarios al Gobierno denunciaron que la policía local ocupó las únicas cinco alcaldías que estaban en manos de la oposición, sus alcaldes fueron destituidos y reemplazados por simpatizantes del partido del mandatario.
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«Son 779 organizaciones canceladas. Eso significa mucho más miedo y desempleo, y un motivo para venir a Costa Rica, aunque aquí también hay problemas de desempleo», dijo a Reuters Claudia Vargas, encargada de asuntos de migración en la Fundación Arias para la Paz, en San José.
En sus primeras tres semanas en Costa Rica, Álex ha intentado obtener un trabajo, pero debe esperar a recibir la credencial de solicitante de refugio y la autorización para trabajar, que demora tres meses. «Al menos sí me siento más seguro aquí», admite.
«Mi hermano trabaja para un medio independiente (en Nicaragua) y le dejaron claro que saben dónde vive la familia», denunció.
Nicaragua Investiga
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