La Unión Europea (UE), debe sancionar «con urgencia» a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega pidió el martes Human Rights Watch en un comunicado publicado en su sitio web.
El organismo de derechos humanos asegura que la UE y sus Estados miembros deberían actuar con urgencia «aplicando el marco de sanciones que adoptó recientemente para imponer sanciones dirigidas contra el Presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos».
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José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró que “ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos”.
La resolución acordada por la UE para sancionar a funcionarios nicaragüenses abre la puerta para que los altos mandos responsables por atrocidades rindan cuentas. Instamos a la UE a sancionar a Daniel Ortega y 6 funcionarios más: https://t.co/0059AlUtZ3
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 22, 2019
Y agrega que “la presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.
El organismo ya había propuesto a la UE sanciones contra funcionarios específicos de la policía el pasado julio en una carta mandada a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.
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Entre los propuestos por Human Rights Watch para recibir sanciones europeas estaban Daniel Ortega «jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes», según indica la petición.
La lista también incluía a Aminta Granera, exdirectora de la policía, el general Francisco Díaz, actual director de esa institución, el general Ramón Avellán, subdirector, Jaime Vanegas, inspector general y el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial.
Human Rights Watch igualmente propuso sanciones para el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), «una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país», indica la misiva enviada en julio pasado.
Represión está vigente
Un estudio publicado a inicios de octubre por la socióloga e investigadora Elvira Cuadra asegura que la represión estatal se mantiene en Nicaragua.
El estudio, titulado “Una espiral de muerte en Nicaragua”, indica que la “ejecución selectiva” es la nueva forma que ha escogido el Gobierno para comenzar una nueva etapa de represión contra ciudadanos opositores.
De acuerdo al reporte, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 (período de estudio), sucedieron 59 asesinatos, aunque la cantidad total de víctimas es 66, ya que hay 7 casos donde se reportan entre dos y cuatro víctimas.
La semana pasada Daniel Ortega criticó con agresividad a la Unión Europea por sus advertencias de aplicar sanciones a funcionarios nicaragüenses si no se resuelve pronto la situación de derechos humanos e inestabilidad política en el país. Ortega acusó al bloque de paíes europeos de «sumarse a la política injerencista de Estados Unidos» y se atrevió a calificar como «una vergüenza» el nombramiento de Joseph Borrel, como Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea.
El exabrupto de Ortega ocurrió frente al nuevo embajador de La Unión Europea en Nicaragua y otros diez representantes diplomáticos más.
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