Alianza Cívica y UNAB presentan propuesta unificada de reformas electorales

La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco sumaron esfuerzos para unificar las propuestas de reformas electorales que ambas organizaciones habían presentado hace varios meses de manera individual.

La propuesta pretende presionar a Ortega a cumplir con sus compromisos en esta materia, asumidos con la Organización de Estados Americanos hace más de dos años y dar inicio al proceso de democratización del país a través de la vía pacífica, según sus promotores.

«La propuesta incluye cambios a la Constitución Política del país en materia electoral, entre los que están la posibilidad de que la sociedad civil pueda postular candidatos para ser magistrados al Consejo Supremo Electoral, la no reelección para el cargo de Presidente, la prohibición de la candidatura del cónyuge del Presidente en el ejercicio del cargo, restablecer el umbral del 50% + 1 y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral electoral, restablecer las candidaturas independientes, eliminar la norma jurídica del transfuguismo, y garantizar los derechos de excarcelados y exiliados para participar como candidatos y candidatas a cargos de elección popular», explica la nota de prensa compartida hoy por ambas agrupaciones.

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La propuesta también contempla cambios en las estructuras electorales a través de reformas a la Ley Electoral, y se resumen en seis ejes principales; «restablecimiento de la confianza en el sistema electoral, restablecimiento de la transparencia y garantías electorales, apertura para la competencia electoral, amplia, integral, plural y equitativa, mecanismos para la participación ciudadana, reforma electoral y normativa del Poder Electoral y nueva configuración jurídica de los cargos electivos».

También contempla la flexibilización de requisitos para la constitución de nuevas fuerzas políticas, así como implementación del voto en el exterior, así como eliminar las diputaciones «regaladas» para el presidente saliente y el candidato del segundo lugar y abre el camino para que cualquier presidente pueda ser removido de su cargo al alcanzar la mitad de su mandato si así lo determina un referéndum revocatorio.

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«Con estas reformas se facilitará el proceso de recuperación económica y social del país, se fortalecerá el apoyo de la comunidad internacional y se canalizará la demanda de la población nicaragüense en un proceso limpio, transparente y observado», explican la Alianza y la UNAB.

El Gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre este tema, a pesar que lleva varios meses en la agenda de la oposición y años desde su compromiso con la Organización de Estados Americanos OEA.

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