En el contexto de las protestas del año 2018, se registraron al menos 355 asesinatos. Una de las exigencias de quienes se lanzaron a las calles era la renuncia del dictador Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país y vocera del Frente Sandinista.
Han pasado cinco años de aquel estallido social, que inició con el reclamo de personas de la tercera edad, quienes pedían a Ortega que revocara las reformas al sistema de seguridad social, pero fueron agredidos brutal por la Juventud Sandinista. En ese momento estudiantes universitarios protestaron en rechazo a estas acciones y luego se sumaron miles de personas hartas del deterioro democrático, la corrupción y el proyecto dinástico de la familia en el poder.
Los niveles de represión aumentaron a tal punto que el Frente Sandinista, ordenó asesinar a quien se opusiera a su mandato y fue así como se cometieron tantos crímenes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La escalada represiva fue en todo el país, para esto era necesario el liderazgo de los alcaldes sandinistas de cada municipio, principalmente en las zonas donde había mayores actos de resistencia contra la dictadura de Ortega.
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Sancionado alcalde de Matagalpa lideró masacre
Matagalpa, es uno de los municipios, donde la sociedad civil participó masivamente en las protestas cívicas. Estudiantes de universidades públicas y privadas de la localidad lideraron marchas y plantones, lo que provocó el malestar del alcalde sandinista Sadrach Zeledón Rocha, quien es acusado de haber ordenado masacrar a los jóvenes que estaban atrincherados.
El Observatorio Urnas Abiertas realizó un reportaje llamado “La Impunidad de los Alcaldes que Lideraron la Represión”. Este trabajo recopila datos que comprueban la complicidad de Zeledón con el Frente Sandinista, para la ejecución de la llamada “operación limpieza” en Matagalpa.
Los ataques perpetrados más sangrientos en la ciudad comenzaron el 11 de mayo del 2018, cuando los grupos armados obedecieron las órdenes de Zeledón, quien lleva gobernando Matagalpa desde hace 18 años.
“En la noche del 11 de mayo de 2018, el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, cogió un megáfono para dar instrucciones a paramilitares miembros del Frente Sandinista armados para ir a atacar a manifestantes que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo”, narra Urnas Abiertas.
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La mañana del 15 de mayo, policías y paramilitares ejecutaron un operativo que dejó tres personas fallecidas y al menos 40 heridos. El propósito era desmantelar los tranques que simbolizaban la resistencia de los manifestantes.
De acuerdo a Urnas Abiertas, informes de organizaciones de derechos humanos, señalan que accedieron a videos y fotografías que evidencian la participación de Zeledón Rocha en estos ataques armados, además lograron recopilar testimonios de las víctimas, pero a pesar de las evidencias Zeledón hasta la fecha no ha sido formalmente acusado por estos crímenes, más bien Ortega lo premió asignándole un cuarto periodo de gobierno en las elecciones municipales de 2022.
Tras confirmarse la complicidad del edil y que en Matagalpa se contabilizaron 29 muertos durante las protestas, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y Reino Unido sancionaron a Zeledón por estar involucrado en los actos represivos contra la sociedad civil en 2018. También sancionó a los alcaldes de Estelí, Francisco Valenzuela, y de Jinotega, Leónidas Centeno, por ser partícipes de la represión.
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Alcalde de Masaya y Jinotepe dirigieron ataques
En tanto, Masaya fue una de las zonas que registró mayores casos de violaciones a los derechos humanos en 2018. En ese año fueron asesinadas 48 personas en el marco de las protestas, detalla Urnas Abiertas.
“La gente nos ha comentado muy dolida, con rabia, que Orlando Noguera distribuía junto con otra persona, los morteros a los pandilleros que estaban atacando a la gente”, dijo el sacerdote Augusto Gutiérrez a este Observatorio. El religioso era titular de la parroquia San Sebastián de Masaya, pero en agosto del 2018 tuvo que exiliarse porque fue amenazado.
Noguera falleció en 2020 en la pandemia de la Covid-19. Fue un destacado militante sandinista y al igual que Zeledón era operador político del municipio, lo que le permitía dirigir las estructuras municipales. Fue alcalde por el Frente Sandinista en tres periodos consecutivos.
Así mismo, Mariano Madrigal, alcalde de Jinotepe, es señalado de “organizar encapuchados fuertemente armados, que resguardados por la Policía Nacional realizaron ataques sin piedad contra la población civil desarmada”. Según el informe de la CIDH.
El ocho de julio del 2018, se ejecutó la operación limpieza en los municipios de Diriamba y Carazo, donde policías y paramilitares fuertemente armados, quitaron las barricadas, dejando a 32 personas fallecidas. “Mariano Madrigal junto a otros alcaldes de Carazo dirigió la ejecución de la Operación Limpieza”, señala el informe de Urnas Abiertas.
Testigos dijeron al Observatorio que a varios opositores “los capturaron, los torturaron y luego los asesinaron”. Uno de los casos es el de Ricardo Largaespada, de 57 años, su cuerpo estaba sin las dos manos y presentaba golpes. Según el relato de sus familiares al medio Confidencial, el cuerpo de Largaespada apareció en el Instituto de Medicina Legal, donde les dijeron que lo enterraran sin hacer escándalo en los medios de comunicación.
Estado financió movilización de grupos armados
Urnas Abiertas indicó que las alcaldías se encargaron de movilizar a los grupos armados que atacaron a los manifestantes.
De acuerdo a la publicación, una investigación del medio Artículo 66 afirmó que 52 alcaldías recibieron 25.3 millones de córdobas (784 mil dólares) en concepto de “servicio de transporte” entre 2018 y 2019.
Una fuente dijo a Urnas Abiertas que “este dinero no se usó para financiar toda la logística de la represión, que tiene que ver con las armas, municiones y alimentación; pero sí les ayudó a costear los gastos de movilización”.
Mientras tanto, datos del registro de los presupuestos municipales apuntan que entre abril y julio de 2018, 23 municipios, entre ellos Matagalpa, recibieron $100 mil dólares para “transportar pasajeros” o “servicio de transportes”, las partidas que se utilizaron para movilizar a paramilitares, son parte de las declaraciones de las personas consultadas para esta investigación.
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