El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa engrosando su lista de presos políticos, alcanzando la cifra de al menos 46 personas encarceladas al 7 de mayo, luego de otra cacería contra opositores en abril.
El reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señala que la dictadura metió a prisión a 10 personas en abril, mes emblemático de la lucha cívica en Nicaragua, a quienes acusó de ciberdelito y/o menoscabo a la integridad nacional.
«Todas las personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de la escalada represivas por las celebraciones religiosas de Semana Santa, así como la conmemoración del quinto aniversario de la Rebelión de abril 2018», detalla la organización.
Solo en Semana Santa, la dictadura ejecutó 21 detenciones arbitrarias, la mayoría sobre personas que participaron en actividades religiosas, luego que la dictadura prohibiera los Viacrucis y la Judea a nivel nacional.
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Ortega ya tenía en la cárcel a 36 personas presas política hasta el mes de marzo, diez de ellas encarceladas previo a las protestas sociales de 2018, y a quienes no «liberó» durante la masiva excarcelación en febrero.
Entre el 1 de abril al 7 de mayo, el Mecanismo registró la detención de 91 personas en todo el país. 50 han sido excarceladas y seis fueron desterradas, incluido un adolescente de 17 años. A la mayoría de los detenidos, el régimen les impuso la arbitraria medida cautelar de presentación periódica ante la Policía.
En abril, los servidores de Ortega «secuestraron» a 55 personas, de las cuales 34 siguen detenidas, en su mayoría opositores y feligreses católicos.
Del grupo de personas detenidas el mes pasado, siete han sido presentadas ante la orden de un juez y otras 17 fueron excarceladas.
El 3 de mayo también se registró otra oleada de detenciones contra unas 36 personas en un operativo policial en varios departamentos del país. «Estas personas fueron sometidas a juicios exprés, acusadas y enviadas a sus casas con medida de casa por cárcel. Se ha recibido información que por lo menos 33 personas las regresaron a sus hogares», indicaron los integrantes del observatorio.
Nuevo patrón de desaparición forzada
En abril se detecta nuevo patrón de represión que consiste en ocultar el paradero de la persona detenida a los familiares, por varios días incluso semanas, no se les presenta ante un juez y no son informados oportunamente del delito que se les acusa. «De las 34 personas que siguen detenidas de 15 no se tiene información de su ubicación o en que cárcel se encuentran», advirtió el Mecanismo.
Añade que «a consecuencia de esta conducta, la persona detenida y que se encuentra desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto a su vez la deja expuesta a violaciones de sus derechos y otras violaciones, como la tortura, e incluso la violencia sexual».
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