En Nicaragua nadie está a salvo del régimen de terror

La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) condenó la persecución, el asedio y hostigamiento, incluyendo el arresto domiciliar, que en las últimas semanas han vivido periodistas, activistas y opositores al régimen en Nicaragua por lo que demandaron la liberación inmediata de los más de 40 presos de conciencia.

“Por medio de juicios exprés se han establecido medida como el arresto domiciliar y la imposición de tener que firmar diariamente en algunas delegaciones policiales, esto se ha vivido en las últimas semanas en Nicaragua. El Estado de Nicaragua continúa imponiendo el terror y todas esas medidas están fuera del marco jurídico de Nicaragua y de los convenios internacionales ratificado por Nicaragua”, expuso Enrique Martínez, vocero de PUDE, en la que convergen varias organizaciones como Unidad Juvenil y Estudiantil, Iniciativa por el Cambio y Nicaraguan Freedom Coalition.

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Estas organizaciones resaltaron que en Nicaragua existen un alto número sin determinar de presos políticos, 46 que están encarcelados y otros con arresto domiciliar y que la cantidad aumenta cada día. “Y así continuará mientras Nicaragua siga bajo el flagelo de un régimen ilegítimo y criminal. Este hecho constata una vez más que bajo el régimen político actual de terror, absolutamente nadie está a salvo”, señalan en un comunicado,

Igualmente se exige la inmediata liberación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, de quien hasta la fecha se desconoce sus condiciones físicas. En este mismo sentido, piden que se respete el derecho de profesar su magisterio, santificación y gobierno.

“Instamos a la comunidad internacional a usar todos sus medios diplomáticos para lograr el cese de la represión y al pueblo de Nicaragua a guardar la esperanza e idear acciones de carácter cívico y religioso que contribuyan a que Nicaragua se reencauce hacia el camino de la democracia, la libertad y la justicia”, finaliza PUDE.

El pasado 3 de mayo Nicaragua vivió una verdadera noche de terror cuando en varios departamentos agentes policiales irrumpieron en casas de periodistas, activistas y ciudadanos no alineados con la dictadura. Al menos 50 personas fueron arrestadas, y aunque horas después se las liberó, las autoridades les abrieron causa judicial por «traición  a la patria» y propagación de noticias falsas», además que les exigieron presentarse periódicamente a firmar.