Organizaciones internacionales de juristas enviaron una carta al dictador Daniel Ortega en la que demandan el libre ejercicio de la abogacía en Nicaragua, luego que el régimen anuló los títulos a 26 abogados críticos de la dictadura.
La misiva, enviada por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD, por sus siglas en francés), señala que les «preocupa» la inhabilitación de los abogados, en su mayoría desterrados y desnacionalizados, así como la falta de independencia del Poder Judicial.
«Esta privación de la condición de abogado o abogada sumado a la retirada de su nacionalidad y condena al destierro muestran una secuencia escalonada de incidentes, generando una vulneración a su integridad física, emocional y psicológica», señala el documento enviado a la Presidencia de Nicaragua el 30 de mayo.
Las entidades indican que la justificación del régimen de anular los títulos a personas declaradas apátridas, «apunta inevitablemente a intereses políticos a los que obedecen los magistrados».
Obstrucción de la justicia
Ejemplifican el caso de la doctora Yonarqui Martínez, primera inhabilitada que, además, ha sido víctima de detenciones temporales, asedio e intimidación policial, como también amenazas.
Mencionan el despojo de la nacionalidad a 25 abogados que luego fueron requeridos para entregar sus títulos y sellos.
«Esta resolución, donde se expresa que el Consejo de Administración y Carrera Judicial puede decidir sobre la suspensión del ejercicio de la abogacía, carece de argumentación jurídica alguna más allá de la misma condición de apatridia les priva de ejercer la profesión», añade la carta.
Indican que obstruir el acceso a la justicia es uno de los diferentes patrones de violaciones de derechos humanos ejecutados por el régimen nicaragüense, de acuerdo al Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU.
La OIAD urgió al Estado nicaragüense tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, y garantizar que la abogacía defensora de los derechos humanos en Nicaragua pueda seguir con sus actividades sin temor a represalias y restricciones, de acuerdo a las normas y convenios internacionales.
«Instamos al Gobierno de la Nación a observar una debida diligencia y garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a respetar la independencia del Poder Judicial«.
El documento es suscrito por siete organizaciones, incluida la Unión Iberoamericana de Abogados (UIBA), y fue reenviado a los magistrados Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, a la fiscal Ana Julia Guido y a la directora de la Defensoría Pública, Clarisa Ibarra.
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