A connotados militantes sandinistas que estuvieron al servicio de la dictadura Ortega-Murillo por muchos años, también se les despojó del título como abogados y notarios públicos en Nicaragua, por considerarlos “traidores a la patria”.
Como parte de otra embestida del régimen contra la población nicaragüenses y opositores desterrados, este jueves la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de los tentáculos represivos de a las órdenes de Daniel Ortega, despojó del título de abogado y notario público a 25 profesionales del derecho.
Esta medida fue tomada a través de dos resoluciones, la primera despoja a 15 abogados de sus títulos. Esta lista corresponde a exreos políticos quienes fueron desterrados el pasado 9 de febrero, y se encuentran actualmente en Estados Unidos. La otra resolución se refiere a 10 personas que fueron desnacionalizadas una semana después.
“De conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, indican las resoluciones.
Responsable de reelección indefinida de Ortega también fue despojado de su título de abogado
En este lista están los siguientes connotados sandinistas
– Rafael Solís Cerda, padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exmagistrado de la CSJ, renunció a su cargo en enero de 2019 y se encuentra exiliado en Costa Rica. Se le recuerda por haber sido el operario político del FSLN en ese poder del Estado y también por ser el artífice de la reelección indefinida de Ortega.
– Roberto Emilio Larios Meléndez, era vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue detenido y trasladado a las celdas del nuevo Chipote en octubre de 2022. El 9 de febrero del 2023 fue desterrado y desnacionalizado el 9 de febrero junto a otros 221 presos políticos. Se encuentra exiliado en Estados Unidos.
– Marlon Gerardo Sáenz Cruz, afiebrado militante del FSLN. Es el único miembro del sandinismo histórico que se atrevió a criticar públicamente al régimen y a hablar de los actos de corrupción. Sus fuertes comentarios sobre Rosario Murillo, los hijos de la pareja presidencial, Fidel Moreno y otros funcionarios le valieron amenazas y finalmente la cárcel. Fue apresado en mayo de 2022 y llevado al nuevo Chipote. También fue despojado de la nacionalidad y desterrado hacia los Estados Unidos en febrero pasado.
– Moisés Abraham Astorga Sáenz, fue asesor de la actual presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos. En noviembre de 2022 fue arrestado y acusado de «traición a la patria». El 9 de febrero de este año fue desterrado hacia Estados Unidos y desnacionalizado.
– María José Camacho, fungía como asistente de la magistrada Alba Luz Ramos. Fue detenida y acusada por «traición a la patria» en noviembre de 2022. Igualmente el 9 de febrero fue desterrada hacia Estados Unidos y declarada apátrida.
Alba Luz Ramos firmó resolución contra sus excolaboradores
Cabe destacar que las dos resoluciones emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los despojan de sus títulos de abogado y notario público, fueron firmadas por sus excolegas y excompañeros sandinistas, Alba Luz Ramos en su calidad de presidenta y Marvin Aguilar como vicepresidente de este órgano del Estado, respectivamente.
Una arremetida contra abogados críticos
En esta reciente escala represiva de la dictadura Ortega Murillo, la primera jurista en ser despojada de su título como abogada y notaria pública, fue la activista Yonarqui Martínez, el 9 de mayo.
En esa ocasión, el exfuncionario judicial Yader Morazán, expresó que no es un título lo que hace a un profesional del derecho, sino el ejercicio real de la profesión. “Para eso el Poder Judicial que acaba de despojar de la acreditación de abogada a Yonarqui Martínez, tiene doctores sometido a órdenes de bachilleres y delincuentes iletrados”, indicó.
Otros abogados consideran que todo esto es una farma de mantener bajo castigo y estado de terror a los profesionales en Nicaragua.
El abogado Danny Ramírez- Ayerdiz, Secretario Ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Internacional en Derechos Humanos (Calidh), explicó que lo que busca la dictadura es los nicaragüenses queden sin ningún derecho prácticamente, ni siquiera ante un proceso penal.
“La situación es que si los abogados protestan en medio de procesos que se están convirtiendo en nulos o están cometiéndose violaciones al debido proceso, les abren causas para castigarlos ya sea por parte del Consejo Nacional que administra el tema de la carrera de abogados, el ejercicio de la abogacía o mediante acusaciones falsas por parte de la Fiscalía”, añadió Ramírez.
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