Sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), La Haya, Países Bajos. 27 de junio de 1986, las 1:30 de la tarde, hora de La Haya. 5:30 de la mañana, hora de Nicaragua. El alto tribunal internacional emite un veredicto condenando al gobierno de los Estados Unidos, presidido por Ronald Reagan, por agresiones en contra de la Nicaragua regentada por la dictadura sandinista de esos años ochenta.
Dos años antes, el 9 de abril de 1984, las autoridades sandinistas habían demandado a los Estados Unidos por violaciones al derecho internacional, financiando a la guerrilla de los contras para que le hicieran la guerra al régimen sandinista constituido en julio de 1979, tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle.
En la sentencia se habló de una indemnización que Estados Unidos debía pagar a Nicaragua, por los daños causados por los contras, pero no estableció un monto, sino que se ordenó que ambos países debían negociarlo, tanto la cifra como la forma de pago.
Los dos países no lograron ponerse de acuerdo, especialmente porque Estados Unidos no aceptaba el fallo, pero, el 29 de marzo de 1988, Nicaragua detalló en la CIJ que el monto por los daños ocasionados ascendía a 12 mil millones de dólares.
Luego, los sandinistas fueron más allá y, como Estados Unidos continuó financiando a los contras aún después de la sentencia de la CIJ, indicaron que la compensación debía ser por 17 mil millones de dólares.
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Demanda fue retirada
Estados Unidos nunca dio muestras de querer acatar el fallo y, el 25 de febrero de 1990, los sandinistas perdieron el poder en las urnas, ante la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro.
Barrios de Chamorro recibió el poder dos meses después, el 25 de abril, pero las arcas del Estado estaban en bancarrota. Los sandinistas habían arruinado la economía, escribió el exministro de la Presidencia de Barrios de Chamorro, Antonio Lacayo Oyanguren, en su libro La difícil transición nicaragüense.
Una de las formas que el nuevo gobierno tenía para paliar mala la situación económica era acudir a préstamos y a donaciones de otros países. Pero, la ayuda de Estados Unidos estaba obstaculizada por una deuda que tenía Nicaragua con ellos, y, además, tenían encima la sentencia de La Haya que los obligaba a recompensar monetariamente al país.
Antes de septiembre de 1991, Lacayo Oyanguren se reunió con el entonces embajador estadounidense Harry Schlaudeman y le indicó que Nicaragua pediría explícitamente a la CIJ que se descontinuara la demanda introducida por los sandinistas. Y la Asamblea Nacional ya había dado el primer paso.
Antes de ceder el poder, los sandinistas habían aprobado la Ley 92, que establecía que se debía defender el fallo de La Haya contra Estados Unidos. Por eso, en junio de 1991, la Asamblea, en apoyo al gobierno de Barrios de Chamorro, para que pudiera suspender el proceso en La Haya, derogó esa Ley 92 en medio de las protestas de los sandinistas.
«No hacía ningún sentido continuar las relaciones por las sendas del conflicto que se había iniciado durante el gobierno sandinista», escribió Lacayo Oyanguren en su libro.
Días después, el gobierno nicaragüense retiró en La Haya la demanda que el FSLN había introducido contra Estados Unidos durante el conflicto armado.
El 12 de septiembre de 1991, la Corte anunció que, a pedido del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se había retirado la demanda. Es decir, La Haya nunca fijó un monto de indemnización y la demanda fue retirada.
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Ortega quedó cobrando
Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007 y, desde entonces, retomó el cobro de la deuda a los Estados Unidos.
Antes del año 2011, en distintas ocasiones habló de realizar un referendo para preguntarle a la población si se debe o no cobrar esa deuda a los Estados Unidos.
En ese año 2011, en una entrevista con el diario La Prensa, Antonio Lacayo Oyanguren consideró que las declaraciones de Ortega no tenían sentido y tampoco le veía la intención de pasar del discurso “a los hechos”.
Lacayo recordó que en los primeros años de los noventa el país necesitaba de sostener buenas relaciones con todos los países y uno de ellos era Estados Unidos.
En ese momento había que dejar atrás la guerra y todo lo que había causado la destrucción del país. Los mismos sandinistas a finales de los años ochenta habían decretado una amnistía para que se produjera una reconciliación entre los nicaragüenses y doña Violeta hizo lo mismo. Pero, la amnistía “tenía que ser adentro” del país y “afuera”. Además se necesitaba tener amistad con los Estados Unidos y ellos ya habían dado los primeros pasos.
Aún así, Ortega ha continuado cobrando la deuda a los Estados Unidos. En este año 2023 lo ha hecho varias veces, las últimas en junio pasado, cuando le envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y este martes 26 de septiembre, en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde el canciller Denis Moncada leyó un extenso mensaje de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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