La dictadura de Daniel Ortega sigue ávida de aumentar el número de miembros de la Policía Nacional, considerada por defensores de derechos humanos como el principal órgano represor del régimen sandinista. Al respecto, la institución ha lanzado una nueva convocatoria para reclutar a jóvenes bachilleres, con una serie de promesas y afirmando que «Nicaragua» los «necesita».
En las cuentas de redes sociales de medios oficialistas y plataformas de propaganda al servicio del régimen, se ha publicado desde hace semanas un video promocional invitando a los jóvenes a «prepararse profesionalmente» en una universidad, en este caso la que lleva el curioso nombre de Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama «Que se rinda tu madre».
«Joven nicaragüense si sos bachiller y querés asumir nuevos retos prepárate profesionalmente y serví a tu comunidad. La Policía Nacional te ofrece la oportunidad de inscribirte en la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama», dice el video promocional, en el que omiten el nombre completo del polémico centro de estudios.
Los aceptan desde los 16 años
En su intento de convencer a los jóvenes, le aseguran a los reclutas cosas como esta: «podrás cumplir todos tus sueños» y que «Nicaragua te necesita para proteger su paz y seguridad».
Según el promocional, quienes acepten formar parte de la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega, tendrán beca completa, un estipendio mensual, atención médica, avituallamiento y útiles escolares.
Entre los requisitos están: ser nicaragüense, bachiller, tener entre 16 años de edad y 23 años y supuestamente no poseer antecedentes penales.
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Madres no quieren ver a sus hijos como policías
Algunas madres de familia consultadas sobre el llamado del régimen a los bachilleres a incorporarse a la Policía, se mostraron contrarias a la iniciativa y recuerdan las graves acusaciones que pesan sobre esta.
«Me muero ver a mi hijo metido allí. Prefiero que ande haciendo cualquier cosa, trabajando de lo que sea. De hambre no nos estamos muriendo para que se vaya a meter allí», aseguró una pobladora del municipio de Jinotepe, que por motivos de seguridad pide omitir su nombre.
Otra pobladora de esa localidad se expresó en los mismos términos. «Ni quiera Diosito ver a mis, hijos no porque ya son mayores, a un nieto mío en la Policía», afirmó.
«¿Es que no ven lo que pasa? ¿No se acuerdan lo que pasó en el 2018? hay que tener poca cabeza para meterse a ser policía, mal pagados y para hacerle daño a la gente, o de payasos en las esquinas aguantando sol, lluvia mientras Daniel está tranquilo en su casa», agregó.
Efectivamente, la Policía de Nicaragua, según los críticos ha perdido todo su carácter de nacional y actualmente es un brazo más de represión al servicio de la familia Ortega Murillo. Los mismos miembros de la institución públicamente se declaran «sandinistas» y no es raro verlos enarbolando la bandera del gobernante Frente Sandinista.
Los sandinistas son hasta peores que la Guardia
Los nicaragüenses no dudan en hacer comparaciones entre Guardia Nacional de Somoza y la Policía actual.
«Si estos no son diferentes a la Guardia, la Guardia lo mismo ofrecía (los mismos supuestos beneficios), pero era para matar al mismo pueblo, pero estos (los sandinistas) son hasta peores, porque la Guardia sí se enfrentaba a balazos con otros, con armas, estos son solo valientes con uno que ni defenderse sabe», criticó la pobladora.
La campaña de los Somoza
En los años setenta del siglo pasado la Guardia Nacional también lanzó una campaña para reclutar a jóvenes, en los que ofrecía los mismos beneficios que hoy ofrece la Policía Sandinista. «Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado alístate en la Guardia Nacional, brazo armado del pueblo donde recibes escuela, hospital, comida, ropa. Sé buen nicaragüense, ingresa a la Guardia Nacional», afirmaba el promocional de la dictadura somocista.
Condenados a quedarse en la Policía de Ortega
Importante resaltar que ingresar a la Policía al servicio de Daniel Ortega conlleva una condena a quedarse en esta, ya que en julio del 2023 se aprobó una ley que amenaza con penas de hasta tres años de cárcel a aquellos policías que abandonen la institución.
