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Daniel Ortega recetará cárcel a policías desertores

El policía que abandone el servicio será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión. «Los sancionan debido a las deserciones, fugas y descontento que hay a lo interno de la institución», señalan expertos.

Policía de Masaya. Foto: Medios oficialistas.
Policía de Masaya. Foto: Medios oficialistas.

El régimen de Daniel Ortega enviará a prisión a los agentes policiales que deseen salirse de las filas de la Policía Nacional, el brazo represor de la dictadura, de acuerdo a dos iniciativas de reforma de leyes enviadas a los diputados ante la Asamblea Nacional.

El dictador Ortega ordenó a sus diputados reformar el artículo 97 de la Constitución Política y reformar la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, Ley 872.

En la reforma constitucional, el régimen borrará la naturaleza de la sancionada Policía al quitarle el carácter «profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante», además elimina que es «un cuerpo armado de naturaleza civil«, y la deja sometida a Ortega.

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El artículo 97 reformado establecerá que: «La Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República (…) La Policía Nacional depende  de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia (…)».

Sanciones a efectivos de la Policía

De acuerdo al documento filtrado, en la Sección II sobre Delitos y Procesos Judiciales a Miembros de la Policía Nacional de la Ley 872, la dictadura agregará tres nuevos artículos antes del artículo 64 los que se leerán así:

Delitos cometidos por el personal policial:

Al personal policial le serán aplicado los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley número 641, Código Penal.

Incumplimiento de deberes:

El personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión.

Deserción:

El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión.

El vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jorge Irías, confirmó que el Ejecutivo envió las iniciativas para ser aprobadas con trámite de urgencia, por lo que es posible que las intenciones de la dictadura sean debatidas este miércoles, cinco de julio.

Institucionalizan el Estado policial

La investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), manifestó que estas iniciativas de reformas a la Policía se enmarcan en «la institucionalización del Estado policial».

«Hace que la Policía sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la Presidencia (de la República) sin ningún tipo de principio ni doctrina que puedan frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo», dijo la socióloga.

Descontento en la Policía Nacional

En cuanto a las sanciones que serán aplicadas a los efectivos de la Policía Nacional, Cuadra indicó que esta medida podría surgir «frente a las deserciones, fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución».

«Se está tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o capacidades», señaló.

Más policías de Ortega huyen al «imperio yanqui»

El especialista en administración de justicia Yader Morazán dijo que «al fin institucionalizan la famosa frase: Son órdenes de arriba» y «ahora los delincuentes de El Carmen (pareja presidencial) atentan hasta en contra de la misma Policía que los sostiene«.

Morazán explicó que Ortega elimina el «modelo preventivo, pro activo y comunitario» de la Policía. Y contrario a lo que mandata la Constitución Política en su artículo 192, «pretenden darle vigor de forma inmediata, sin la aprobación de una segunda Legislatura».

«Esta propuesta apresurada, confirma lo que hemos venido denunciando, y demuestra que están desesperados ante la implosión de sus mismas filas que, en su momento, hasta asesinaron para mantenerlos en el poder», añadió.

Por su parte el líder estudiantil y excarcelado político Max Jerez publicó en sus redes sociales: «Para los guardias “detectives” del área de “patrullaje digital” de (la cárcel) El Chipote que están leyendo este tuit ¿Cómo se siente saber que el mico-mandante los quiere tener sometidos bajo amenaza de cárcel? Al parecer las nuevas celdas de El Chipote eran para ustedes mismos. Saluditos».

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