Las próximas elecciones regionales del 3 de marzo serán las primeras, desde 1990, en las que abiertamente se eliminó por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en sus gobiernos regionales, debido al control que ejercen en el país los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo denunciaron mediante un comunicado distintos grupos opositores, quienes señalan que dicho proceso electoral se trata de una «farsa» de la dictadura a través del secuestrado Consejo Supremo Electoral (CSE) y con el apoyo del ejército y de la policía y todo el aparato institucional.
Algunas de estas agrupaciones opositoras son: Unidad Liberal, Congreso por la Unidad, Nicaragüenses en el Exilio, Mesa de Concertación Democrática, Diáspora Global Nicaragüense, FDN, Líderes Nicaragüenses por la Democracia, Alianza Libertad y Unidad Sí.
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Instan a desconocer elecciones
Los denunciantes instan a la comunidad internacional a desconocer las elecciones regionales en Nicaragua y exigir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y habitantes de la Costa Caribe a participar en la vida política del país bajo el respeto y garantías de los principios democráticos y libertades.
Según el escrito, dicho proceso electoral está plagado de violaciones de los derechos a la libre determinación y a los derechos políticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de toda la población caribeña, debido a la eliminación de garantías y libertades democráticas.
Además, lo llaman un «circo electoral» que se realiza dentro de un contexto de violencia sistemática por la invasión a las tierras ancestrales, el cierre de los espacios cívicos, intimidación, el encarcelamiento, la represión, persecución, criminalización, la desaparición forzada de dirigentes políticos, e ilegalidades frecuentes contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y los habitantes de la Costa Caribe.
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Persecución
Explican que las primeras elecciones regionales fueron en 1990, pero desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, se han venido deteriorando los principios fundamentales de la democracia en Nicaragua, a los que se suma la violencia estatal, el control absoluto del FSLN sobre el sistema electoral, así como la falta de un mecanismo u organización que realice una auditoria electoral independiente para fiscalizar el proceso electoral.
«Estas son las segundas elecciones regionales, desde 2018, sin condiciones y con total ventaja para la dictadura», manifiestan y acusan al régimen de promover «la apropiación de los recursos naturales y el despojo de las tierras ancestrales».
Igualmente, destacan la represión, persecución, criminalización a los miembros del partido regional histórico Yatama, mediante la detención de sus miembros y representantes legales, como la desaparición de Brooklyn Rivera.
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