Un grupo de expertos independientes de la ONU manifestó su profunda consternación ante nuevos informes que señalan posibles muertes de personas detenidas en Nicaragua tras haber sido víctimas de desaparición forzada.
Los relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias alertaron especialmente sobre el caso del diputado y líder indígena miskito Brooklyn Rivera, detenido por la Policía Nacional en septiembre de 2023 y del que no existe información oficial verificable sobre su paradero actual ni su estado de salud. Los expertos exigieron de inmediato una “prueba de vida” o, en su defecto, detalles completos sobre las circunstancias de su posible fallecimiento y el destino de sus restos.
«Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y líder del pueblo miskito, fue detenido y posteriormente desaparecido en septiembre de 2023 por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. Existe información de que podría haber muerto en detención» dice el documento difundido este 1 de mayo.
Según la información recibida, al menos otra persona desaparecida forzadamente murió en febrero de 2026 mientras se encontraba bajo custodia del Estado. Su cuerpo fue entregado a la familia sin certificado de defunción ni explicación sobre las causas del deceso.
Falta de información como política de Estado
Los expertos denunciaron que las autoridades nicaragüenses mantienen una práctica sistemática de ocultar información sobre estas personas. Niegan su detención, rechazan recursos de hábeas corpus y no proporcionan datos sobre su salud o las condiciones de reclusión. En algunos casos se describen situaciones especialmente graves, como detenidos encadenados de manos y pies, sedados de forma periódica y aislados visualmente del resto de reclusos.
“En estos casos, han transcurrido meses y años sin información verificable sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente, cada minuto cuenta cuando alguien es desaparecido forzadamente. Las familias quedan atrapadas en una angustia permanente entre la duda y la esperanza”, señalaron los expertos.
Hasta la fecha, el Grupo de Trabajo ha transmitido al régimen de Nicaragua más de 112 casos de desaparición forzada sin recibir respuesta alguna. Esta falta de cooperación, sumada a la ausencia de mecanismos judiciales efectivos, genera un entorno en el que las violaciones graves de derechos humanos pueden continuar sin consecuencias.
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Los relatores consideran que estas acciones forman parte de una estrategia deliberada para silenciar la disidencia y generar control sobre la población mediante el miedo.
Los expertos instaron a las autoridades nicaragüenses a esclarecer de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas, investigar de forma independiente, imparcial y transparente las muertes ocurridas en custodia, sancionar a los responsables de estas violaciones y garantizar atención médica adecuada y condiciones dignas de detención.
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