Más de 130 mil trabajadores del Estado serán obligados a partir de hoy a «donar» parte de su salario al partido Frente Sandinista como parte de una nueva disposición de Rosario Murillo.

Aunque siempre ha existido este mecanismo de «aportación voluntaria», esta vez, la dictadura se asegura que nadie evada entregar parte de su salario y han orientado hacer la deducción directamente desde la planilla.

La disposición fue notificada desde hace varios días atrás a los trabajadores del Estado mediante reuniones en sus diferentes dependencias donde sus superiores les indicaron cuál sería el mecanismo de deducción.

«Nos mostraron una tabla que va reflejando el monto que se deducirá a cada trabajador en dependencia de su salario», nos indicó bajo condición de anonimato un trabajador estatal.

Según  este trabajador, las deducciones empiezan desde los salarios más bajos que son de cinco mil córdobas, «por lo general, este tipo de salarios los devenga el personal de limpieza o de vigilancia», indicó.

«Entonces esta persona a parte del bajo salario y su deducción de INSS tendrá una deducción de cien córdobas para el partido que es lo que indica la tabla que se le quitará a partir de este 30 de abril», señaló.

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Una tabla de deducciones

De acuerdo con las escalas salariales vigentes y los reportes de los afectados, la deducción no es uniforme, sino que se ajusta a los ingresos de cada trabajador. Las cuotas inician desde los C$ 100 córdobas para el personal de servicios generales y vigilancia, pero escalan rápidamente.

La tabla se muestra algo así:

• Salarios básicos: Deducciones de entre C$ 100 y C$ 250.

• Mandos medios y técnicos: Aportes obligatorios que oscilan entre C$ 500 y C$ 1,500.

• Cargos de confianza y directores: Se reportan retenciones de hasta C$ 4,000 o el 7% del salario bruto.

El «botín» de la nómina

Cálculos basados en la distribución de la planilla estatal sugieren que el FSLN se estaría embolsando aproximadamente C$ 71.7 millones de córdobas mensuales. Al tipo de cambio oficial, esto representa una inyección de 1.95 millones de dólares cada mes para las arcas del partido.

Anualmente, este mecanismo de financiamiento forzoso podría generar más de 23 millones de dólares, una cifra que supera con creces cualquier presupuesto de organización política en la región y que se extrae directamente de un sector laboral cuyo poder adquisitivo se ha visto mermado por la inflación.

«Esto es completamente injusto. Que obliguen a dar una cuota a diputados, a ministros a gente que tiene mega salarios y de verdad se benefician de sus cargos porque no hacen gran cosa, pero quitarnos a nosotros los trabajadores de a pie que a duras penas ajustamos para nuestros gastos es una falta de consideración», nos dijo otro trabajador del estado afectado por esta medida.

Un robo a la vista de todos

Según las fuentes consultadas, esto «es un robo legalizado; si reclamás, te marcan como desleal y el despido es inmediato».

Expertos legales señalan que esta deducción carece de sustento en el Código del Trabajo de Nicaragua, el cual estipula que solo pueden deducirse del salario las obligaciones de ley (seguridad social e impuestos).

Con esta institucionalización del cobro, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asegura el financiamiento de su maquinaria política a costa de los impuestos de los nicaragüenses y de los salarios de quienes, irónicamente, sostienen el funcionamiento del Estado, pero al mismo tiempo agita más las aguas internas de un partido que cada vez golpea más a su propia militancia.