El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) se enfoca en las últimas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que ha cometido la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, especialmente entre la comunidad universitaria, la iglesia, los campesinos y los indígenas y afrodescendientes.
Así lo explicó en conferencia de prensa una de las expertas, la colombiana Ángela Buitrago, quien presentó en Costa Rica dicho informe, que acabo de ser entregado en Ginebra.
Buitrago explicó que la violencia de la dictadura Ortega-Murillo va en aumento, a la que se le suma las desnacionalizaciones que ha realizado el régimen a más de 300 nicaragüenses en el último año.
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A ello se le suma el desplazamiento, siempre en este último año, de casi 600 mil personas, debido a la violencia de la dictadura.
Además, la experta enfatizó en que ha habido muchas confiscaciones.
El grupo de expertos de la ONU será prorrogado por un año más, indicó la especialista.
Rendición de cuentas
El abogado Uriel Pineda explicó a Nicaragua Investiga que este segundo informe del GHREN es muy importante porque hace ver que la dictadura ha incumplido compromisos internacionales.
Pineda indica que ya se había determinado que la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad, pero ahora se señala también una estructura sobre el contexto del crimen de lesa humanidad, como quién fue el objetivo y por medio de qué instancia lo hicieron, quiénes son los funcionarios involucrados.
«Este informe va encaminado hacia la rendición de cuentas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero al mismo tiempo de los colaboradores más cercanos», expresa Pineda.
Este segundo informe se actualiza con el tema de la privación de la nacionalidad que han sufrido más de 300 nicaragüenses y también con la tortura que han sufrido otros.
«Lo primero es que dice sobre la tortura, que han entrevistado, de las 222 personas (desterradas), a 77. No es lo mismo decir en un informe que en Nicaragua han negado el acceso a la justicia por la denuncia de torturas, que no han sido investigadas, que decir entrevistamos a 77 personas y se niega el acceso a la justicia. Han verificado torturas», explica el jurista.
La apatridia
Respecto a las desnacionalizaciones, o apatridias, como le llaman los expertos, los dictadores Ortega y Murillo han violentado las dos convenciones internacionales de la apatridia que existen, una de 1954 y otra de 1961, indica Pineda.
Según esas convenciones, los dictadores Ortega y Murillo no podían quitarle la nacionalidad a los nicaragüenses despojados de la misma, y menos por razones políticas, a como lo hicieron.
«El GHREN establece que a todas las personas se les quita la nacionalidad por persecución política. Es grave porque no podían hacerlo», manifiesta Pineda.
Es por esta razón que el GHREN llama a la comunidad internacional a que denuncie a la dictadura nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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Llamado al FMI
Además, el GHREN igualmente recomiende a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería establecer cláusulas de gobernabilidad a Nicaragua o condicionar el tema de derechos humanos a Nicaragua.
También, el GHREN dice que el acceso a mercados en condiciones de privilegio de Nicaragua también debe ser sometido a una revisión.
Pineda indica que esto lo que hace es quitar un tabú, pues los opositores nicaragüenses no han pedido a Estados Unidos que se saque a Nicaragua o se sancione respecto del Cafta. O respecto de la misma Unión Europea, en cuanto a tratado de libre comercio o acuerdos comerciales.
«Es una herramienta política que ya se puede utilizar y lo importante tiene que ver con que el GHREN ha ponderado que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua son tan graves y la posibilidad que se perpetúe en el tiempo es tal de que acelerar el termino del régimen es lo más conveniente justamente para que cesen las violaciones a derechos humanos», manifiesta Pineda.
Según el abogado, el segundo informe del GHREN ya no va dirigido solo a la dictadura en Nicaragua, sino también a los opositores, para que puedan establecer una agenda internacional para pedir sanciones a Nicaragua, y a la misma comunidad internacional, para que tengan en consideración estas graves violaciones a derechos humanos.
