La nueva propuesta de Ley 1881, denominada “Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua”, presentada por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine, y aprobada el lunes pasado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, tiene causales que podrían perjudicar al Ejército de Nicaragua y otras carteras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Juan Sebastián Chamorro, opositor nicaragüense y desterrado político, explicó que esta nueva ley permite dos cosas: primero, la ampliación a la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018 (Nica Act), que caducó en diciembre de 2023 y promete extenderse hasta 2030.

Pero, además, es una reforma tanto para la Nica Act y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer Act).

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“Se extienden las causales de sanción a aquellos individuos del régimen dictatorial de Nicaragua que hayan sido involucrados en la detención, persecución y arresto de líderes religiosos, tomando en cuenta el nuevo contexto de persecución religiosa, a líderes políticos, miembros de la oposición y a la violación a los derechos humanos de presos políticos”, dijo Chamorro.

También se establece como causal de sanción a las organizaciones o individuos que de alguna manera apoyen materialmente a través de bienes, servicios o tecnología la invasión Rusia contra Ucrania.

“Esto pone al Ejército de Nicaragua en una enorme lupa de vigilancia y se reconfirma al renovar la ley Renacer a incluir al Instituto de Previsión Social Militar. También las sanciones sobre el sector oro. La nueva reforma deja abierta la posibilidad de sancionar otros sectores de la economía nicaragüense”, añadió Chamorro.

CAFTA en la mira

José Dávila Membreño, exdiplomático político y exiliado, manifestó por su parte que, aunque la ley Nica Act y Renacer no han tenido el resultado esperado contra la dictadura Ortega-Murillo, se espera que con esta nueva legislación “busque efecto para que el régimen de Nicaragua se abra a la democracia, busque un diálogo”

“Estas leyes de Estados Unidos no son para derrocar a Ortega, son para que se encamine Nicaragua en el camino de la democracia, de la justicia, de la liberad”, considera, y agrega que busca enfatizar las inversiones norteamericanas en Nicaragua, limitar los beneficios que tiene el país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), busca investigar esa relación y la presencia rusa en el país.

Respecto al CAFTA, Juan Sebastián Chamorro explica que se establece un periodo de un año para que se haga un reporte sobre los beneficios que pueda tener la familia Ortega-Murillo de este tratado comercial. También que se establezcan si efectivamente Nicaragua ha violado algunas de las cláusulas del tratado.

“No establecen que Nicaragua salga del tratado, pero hacen una referencia a una ley de país de estatus privilegiados de una ley anterior al CAFTA en 1974, que establece que la ley en su artículo 402 puede quitar el estatus de país más favorecido para el comercio. De tal manera de que esta nueva mención a esta ley de comercio de 1974 tenemos que ir viendo con detenimiento en el futuro”, señaló.

José Dávila Membreño sostiene que, aunque esta nueva ley promete endurecer las sanciones, el régimen de Nicaragua no da muestra en querer enderezar el camino autoritario. “Por el contrario, ha agravado la situación de represión y persecución, con los desterrados, los desnacionalizados, el destierro de la Iglesia católica”.

Presión hacia el BCIE

Pero la nueva ley también incluye un capítulo dedicado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual financió fuertemente al régimen sandinista durante la administración de Dante Mossi, que manda a las autoridades norteamericanas a ejercer presión sobre el banco para que no extiendan créditos hacia Nicaragua, y que se haga una presión diplomática hacia los socios particulares extra regionales, como Argentina, Corea del Sur, España, México y Colombia.

“En relación al BCIE, también se establece en la ley que se hagan todos los esfuerzos para evitar la expansión y reanudación de créditos adicionales, y que, en el caso de darse préstamos hacia el BCIE, se ejecuten mediante unidades ejecutoras independientes del Estado de Nicaragua, para que efectivamente la dictadura no pueda hacer uso de estos recursos”, señaló Chamorro.

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La ley, además, promete que las organizaciones de derechos humanos puedan alzar la voz para denunciar al régimen sandinista en organizaciones que están dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, insta a la representación de Estados Unidos, pero también la de otros países en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que las víctimas que le han violado sus derechos humanos en Nicaragua, puedan tener una voz apropiada de denuncia ante los foros internacionales en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americano (OEA) y la Corte Interamericana de Justicia.

Ahora solo falta que la Ley 1881 sea aprobada en pleno del Senado de Estados Unidos.