Poco después del mediodía de este martes 21 de mayo, «agentes de seguridad vestidos de civil», enviados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se tomaron en la laguna de Apoyo una casa que pertenece a la comandante guerrillera Mónica Baltodano y su esposo, el analista político Julio López Campos, actualmente ambos en el exilio.
«(Es) la propiedad donde nos habíamos jubilado e invertido todos los ahorros de nuestra vida», dice un comunicado que emitió el matrimonio López Baltodano. La comandante guerrillera afirmó a Nicaragua Investiga que la propiedad fue comprada a unos chinandeganos y que no está relacionada con la ley 85, conocida como una de las leyes de la Piñata sandinista de 1990.
Los agentes llegaron en tres vehículos y desalojaron a los cuidadores.
«Nosotros tenemos documentada no sólo la toma de nuestra propiedad en Managua donde tuvieron el descaro de ubicar las oficinas de la Procuraduría por los Derechos Humanos (PPDH), sino también los cambios que el régimen ha realizado en los registros de nuestras propiedades, todo lo cual ha sido al margen de la Ley y de todo procedimiento jurídico», denunciaron los afectados.
Dictadura confirma vigilancia permanente a Humberto Ortega en su casa
Represalia por comentar entrevista de Humberto Ortega
Baltodano y Campos aseguraron que se trata de una nueva represalia de los Ortega Murillo por sus «firmes posiciones y declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura contra quienes expresan opiniones diferentes, tal y como aconteció ahora con las medidas contra Humberto Ortega».
«Es una respuesta al artículo que publiqué (titulado Por qué impusieron “casa por cárcel de facto” a Humberto Ortega). Lo que más molestó a la Chayo (Rosario Murillo) fue la afirmación de Humberto, de que no había sucesión, que con ella vendría el caos. Le molestó demasiado a ella», afirma Baltodano.
La comandante guerrillera siente que la dictadura de Ortega y Murillo castiga cada vez que alguien critica sus abusos.
Tres confiscaciones
En 2018, la dictadura le confiscó a Baltodano la sede de la oenegé Popol Na, ubicada cerca de Plaza España, y, en marzo de 2023, después de que Baltodano y su esposo Julio López Campos fueron desnacionalizados por los Ortega Murillo, también les arrebataron una vivienda en Villa Fontana, que ahora es sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La propiedad tomada ahora en la laguna de Apoyo se había salvado, pero Baltodano dice que ya la daba por perdida porque con la desnacionalización la dictadura dejó claro que todos los bienes de los desnacionalizados pasarían a manos del Estado.