El exmagistrado judicial Rafael Solís defendió la propiedad que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó en enero pasado, perteneciente a su progenitora Rafaela Cerda y que ahora está convertida en hotel escuela en San Juan del Sur, Rivas.
Solís explicó que desea limpiar la imagen de su madre, pues Ortega dijo recientemente que las confiscaciones de propiedades a opositores, desde la crisis de 2018, las ha realizado porque las ha «recuperado para el pueblo» y «estaban relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero» y, además, han sido «usufructuadas indebidamente».
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«Quiero aclarar cómo es la historia del hotel Casablanca, una propiedad bien adquirida, con toda su historia registral correcta, producto del esfuerzo de mi mamá. Es una propiedad totalmente limpia», expresó Solís.
La dictadura anunció, a través del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), que este viernes 24 de mayo inauguró el hotel escuela Nicarao, donde se formarán 600 estudiantes en hotelería y turismo, en dos instalaciones bien equipadas.
Una de esas instalaciones es la propiedad de la progenitora de Solís y la otra le fue confiscada, también en enero pasado, a la familia Chamorro Barrios.
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del director mártir de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, también defendió la propiedad de su familia y afirmó que el terreno fue comprado en 1968 por su padre, quien fue crítico de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y murió asesinado en enero de 1978.
La historia del hotel Casablanca
La confiscación del hotel Casablanca, propiedad de Rafaela Cerda, se debe a que la dictadura desnacionalizó a su hijo Rafael Solís, quien era mano derecha de Ortega en el Poder Judicial.
Sin embargo, Solís renunció a su cargo en enero de 2019, mediante una carta, antes de salir al exilio a Costa Rica, debido a que no estaba de acuerdo con la mortal represión que desató la dictadura contra las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018, represalias que causaron los asesinatos de más de 300 nicaragüenses.
Desde entonces fue considerado traidor por los Ortega Murillo y, en marzo de 2023, fue desnacionalizado junto a otros 93 nicaragüenses, a quienes también se ordenó confiscarlos.
Solís explica que la propiedad confiscada, ubicada en San Juan del Sur, era suya y de su mamá, cuando todavía no era hotel, sino que solo era usada como casa de vacaciones. Pero, en 1999, le vendió su parte a su progenitora, quien, con el apoyo económico de su esposo, el norteamericano Bernard Walker, remodeló el inmueble, construyó el hotel y todavía compró un terreno adyacente.
Según Solís, Ortega está confiscando una propiedad que es herencia de un estadounidense.
La historia completa de la propiedad inicia en los años 20 del siglo pasado, cuando pertenecía a la familia de Francisco Urcuyo Maliaños, quien fue presidente del país por un día, cuando salió Somoza Debayle del poder. Urcuyo Maliaños era primo hermano de la madre de Rafael Solís.
En 1979, los sandinistas confiscaron la propiedad a Urcuyo Maliaños, por ser somocista, y la entregaron al Banco Nacional. Solís aclara que su tío en realidad era «un hombre relativamente honrado, pobre. No era un millonario que se lucró de la dictadura (somocista)».
En 1990, cuando los sandinistas perdieron el poder a manos de doña Violeta Barrios de Chamorro, la nueva presidenta decidió regresarle la propiedad a Urcuyo Maliaños, pues ayudó el hecho de que habían sido vecinos, los dos eran originarios de Rivas y la gobernante era suegra de una sobrina del expresidente, de Martha Lucía Urcuyo, hija de Henry Urcuyo Maliaños y esposa de Pedro Joaquín Chamorro hijo.
Hubo problemas con el Banco Nacional, que alegaba que no se debía devolver propiedad a un somocista y, además, le había hecho mejoras.
Rafael Solís y su madre tuvieron que pagarle las mejoras al Banco Nacional, y también le pagaron la propiedad a Francisco Urcuyo Maliaños, quien en ese momento ya estaba entrado en años y no le interesaba más el inmueble. Solo lo gozó unos tres meses después de que se lo devolvieron y luego se lo vendió a Solís y doña Rafael Cerda.
Solís explica que a la propiedad le dieron un uso familiar entre 1992 y 1999, año en que él le vendió a la mamá, quien pasó a ser la única dueña y, con el esposo norteamericano, construyeron el hotel Casablanca, hoy confiscado y convertido en el hotel escuela Nicarao.
«Todo San Juan del Sur supo que mi mamá lo hizo con su esfuerzo, que lo había remodelado. Esa es la realidad del tal hotel Nicarao, como si ellos lo hubieran hecho y es un proyecto del gobierno. Ellos tal vez lo pintaron, hicieron alguna remodelación mínima», finalizó diciendo Solís, para limpiar la imagen de su mamá.
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La historia del Farallón de Sotavento
La otra propiedad que la dictadura confiscó, para utilizarla hoy como parte del nuevo hotel escuela Nicarao, es el condominio el Farallón de Sotavento, cuyo terreno fue comprado en 1968 por el director mártir de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978 cuando era muy crítico a la dictadura somocista.
Chamorro Cardenal le llamó a la propiedad el Farallón de Sotavento porque está ubicada en una parte opuesta a donde viene el viento. Además, Enrique «el Tiburón» Pereira, que era gerente de la constructora Sovipe, tenía cerca su hotel Barlovento, que, por el contrario, estaba en una parte de donde viene el viento.
Así lo explica a Nicaragua Investiga el hijo de Chamorro Cardenal, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien relata que ahí se crió él con sus hermanos, en una casa con vista hacia el mar, a una cuadra de la costa, en la que vacacionaron en muchas ocasiones, especialmente los fines de semana, en Año Nuevo y en Semana Santa.
Era uno de los refugios favoritos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, pues la visitaba «muy a menudo».
Chamorro Cardenal, tras comprar la propiedad, construyó una casa de madera en la misma, pero fue hasta en el año 2007 cuando se construyó el condominio en sí y doña Violeta lo dividió en cuatro partes, una para cada uno de sus hijos: Claudia Lucía, Pedro Joaquín, Cristiana y Carlos Fernando.
El nuevo edificio se inauguró en el 2008 y durante 10 años fue un punto de encuentro familiar.
Chamorro Barrios afirma que, con la confiscación, la dictadura afectó a personas que no tenía por qué, pues él y su hermano Carlos Fernando ya habían vendido sus partes a terceros que no están relacionados con los 222 desterrados y desnacionalizados, ni con los 94 que también fueron desnacionalizados posteriormente.
Su hermana Claudia Lucía tampoco entraría dentro de esa lista.
Redacción Central
