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Policía interviene hotel de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado Rafael Solís

Se llama Casablanca, está en San Juan del Sur y el exjudicial se lo vendió y traspasó a su progenitora hace casi 20 años

El hotel Casablanca, en San Juan del Sur.

La Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría intervenido este lunes al mediodía, el hotel Casablanca en la localidad turística de San Juan del Sur, en Rivas, y que es propiedad de Rafaela Cerda, madre del exmagistrado judicial Rafael Solís.

Fuentes extraoficiales informaron a Nicaragua Investiga que los policías del régimen llegaron al hotel diciendo que eran órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), pero no mostraron documentación oficial.

Los policías tomaron posesión del local tras expulsar a los empleados tanto del hotel como los de una sucursal de la rentadora de autos Alamo, que funciona dentro del mismo.

Nicaragua Investiga trató de contactarse con Solís, pero este último no respondió llamadas.

Sin embargo, se conoció que este hotel perteneció a Solís durante un tiempo hasta que, aproximadamente en el año 2000, cuando fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se lo vendió y traspasó a su progenitora, quien desde entonces es quien ha manejado ese hospedaje.

Nicaragua es uno de los países más corruptos, según Transparencia Internacional

Perseguido

Solís fue durante muchos años una especie de “mano derecha” para el dictador Daniel Ortega en asuntos judiciales, pero, a raíz de las protestas de abril de 2018, y debido a la represión mortal que Ortega y su esposa Rosario Murillo ejecutaron contra la población, el exmagistrado decidió renunciar a su cargo, denunció públicamente a los Ortega Murillo y buscó se refugio en el país vecino de Costa Rica.

Desde entonces, ha sufrido las represalias del régimen que incluyen haber sido despojado de la nacionalidad, le confiscaron sus bienes y le invalidaron el título de abogado.

En caso de confirmarse que lo del hotel se trata de una confiscación, sería la primera vez que se confisca a un familiar de un perseguido político sin haber tenido participación en el acontecer político del país.

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