La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua enfrentan un riesgo de desaparición física y cultural por varias razones, entre ellas la impunidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que permite ataques contra estas poblaciones autóctonas.
En su informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua” resaltaron un grupo de patrones que perjudican el desenvolvimiento de las comunidades.
Entre ellos la violencia que ejercen grupos de colonos y el crimen organizado, la criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarias y personas defensoras del territorio, así como las amenazas, hostigamientos y extorsión de las que son víctimas las comunidades. «Estos actos de violencia ocurren bajo una impunidad estructural y en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo», aseguró la Comisión en el documento que publicaron este jueves 30 de octubre.
Mencionaron que son causas estructurales las que atentan contra la vida, las prácticas ancentrales y la cultura de estos sectores, a los que el régimen ha ignorado a lo largo de los años.
«La situación de violencia en la Costa Caribe de Nicaragua es un fenómeno complejo, cuyas causas son múltiples e históricas y se vinculan entre sí, junto con otros contextos de discriminación, racismo, exclusión social y pobreza a los que los pueblos indígenas y
afrodescendientes tribales han sido sometidos desde la época colonial. A ello se suma la ausencia total del Estado de Derecho y la persistente represión estatal, en un marco de impunidad estructural», detalló la instancia que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Régimen autonómico no es tal en la Costa Caribe
A pesar de que en Nicaragua se aprobó en la década de 1980 un régimen autonómico para la Costa Caribe del país, desde hace más de dos décadas los pueblos indígenas y afrodescendientes comenzaron a perder sus derechos con la venia del Estado, en especial al socavar las autoridades tradicionales con la imposición de liderazgos que responden al poder político; es decir, al sandinismo.
Esto llevó a que desde el año 2014 perdieran territorios producto del desplazamiento violento, la ocupación de sus tierras de forma violenta y la imposibilidad de llevar reclamos ante la Justicia, que ignora a estas comunidades.
«Entre 2020 y 2024, la escalada de violencia derivó en al menos tres ataques armados de gran escala que son identificados como
masacres por las propias comunidades, debido a su magnitud, la intensidad de la violencia y la cantidad de víctimas fatales. Asimismo,
líderes indígenas, personas defensoras del territorio y guardabosques han sido víctimas de asesinatos por su labor en la protección de sus
territorios y tierras ancestrales. Desde 2015, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han otorgado
medidas de protección a favor de más de 15 comunidades que han sido víctimas de agresiones violentas, así como a favor de personas
defensoras de derechos indígenas que se encontrarían en riesgo, las cuales no han sido implementadas por el Estado», destaca el informe.
Esto se excerbó con la crisis de 2018 tras las protestas contra la dictadura lo que derivó en mayores violaciones a los derechos humanos, sobre todo contra quienes la dupla Ortega-Murillo consideren opositores a su régimen. El control de todas las instancias y poderes públicos les permite actuar a sus anchas sin ningún tipo de control institucional.
Los llamados colonos, personas no autóctonas de comunidades indígenas y afrodescendientes, actúan con el apoyo del Estado para perpetrar sus crímenes que incluyen violencia sexual, robos, emboscadas, ataques armados y hasta homicidios, dijo la CIDH.
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Detenciones, desapariciones e ilegalización
Entre las responsabilidades del régimen está la detención y desaparición forzada del diputado Brooklyn Rivera, del partido Yatama, al que ilegalizaron al cancelar su personería jurídica en 2023. El único escaño ante la Asamblea Nacional lo entregaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Tras las elecciones de 2023, consideradas amañadas, la CIDH destacó que «a partir de los resultados de estos comicios, el Ejecutivo reforzó aún más el control indebido en las regiones autónomas de la Costa Caribe, que hasta entonces habían sido las últimas zonas donde la
actividad política independiente no había sido totalmente suprimida en el espacio público . Con ello, los Consejos Regionales y sus 120
Coordinaciones, que conforme el Estatuto de Autonomía debían ser espacios de representación efectiva y multiétnica, pasaron a
convertirse formalmente en un instrumento más de control del partido oficialista. No obstante, ya desde los últimos años, habían
facilitado el despojo de territorios indígenas, mediante prácticas de corrupción y el debilitamiento de las autoridades tradicionales, como
se explica a continuación».
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Pérdidas de bosques y territorios a manos de mineras y colonos
También mencionaron que la intensificación de la actividad ganadera por parte de los colonos ha destruido territorios de la Costa Caribe, además de que al invadirlos son luego puestos en venta para apalancar la producción de ganado vacuno en la zona, incluso en áreas protegidas como la Reserva Biológica Indio-Maíz y la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
Esto a la par de la entrega de concesiones mineras a empresas internacionales, que en el último año se volcó hacia las de origen chino. Uno de los pueblos, Mayagna Sauni As, perdió el 41 % de su territorio en manos de las mineras canadienses y colombianas, las que mayor tiempo tienen explotando minerales en el país.
Pese a que esta región concentra la mayor parte de los bosques primarios de Nicaragua, el informe denuncia que «la expansión de la frontera agrícola, las operaciones mineras, la ganadería y la industria maderera han acelerado la deforestación de la región en las últimas décadas . Al respecto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado prácticas de tala y comercialización ilegal de madera por parte de colonos, así como el otorgamiento de concesiones ilegales para la tala corporativa a gran escala».
En sus recomendaciones, la CIDH pide liberar a los representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes arbitrariamente detenidos, junto a periodistas que por denunciar crímenes contra esas comunidades también fueron encarcelados por las autoridades. Llaman a la comunidad internacional a actuar ante el despojo de sus tierras y que apoyen medidas concretas para la recuperación de la democracia en el país.
Entre otras piden al régimen «dejar sin efectos todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso. En los casos correspondientes, devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados, en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento del allanamiento de las instalaciones de la organización».
Periodista Nicaragua Investiga
