La Ley de Telecomunicaciones Convergentes o Ley 1223, que entró en vigencia el pasado 6 de noviembre, servirá para que las empresas de telefonía en Nicaragua se conviertan en instrumentos de espionaje para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta opinión tajante la sostiene Mariví Marín Vázquez, directora y fundadora de Probox, organización sin fines de lucro que documenta, analiza y denuncia la censura informativa en línea en Latinoamérica.
Tras hacer un análisis del instrumento jurídico, que le dará al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) poderes casi omnímodos, Marín Vásquez concluye que con la norma se da piso legal a las arbitrariedades que ya venía cometiendo el sandinismo en la búsqueda del «control absoluto» de la información en el país.
«Para mí el caso nicaragüense, aunque se parece mucho a lo que sucede en Venezuela, Cuba, en Nicaragua con el control informativo, creo que el régimen nicaragüense se ha convertido, desde 2020 con la ley de ciberdelitos, en uno de los pioneros de crear marcos legales para vulnerar libertades: de expresión, libertades civiles, libertades políticas, pero en general la libertad de expresión en el internet», aseguró en entrevista con Nicaragua Investiga.
Un precedente negativo para Latinoamérica
Destacó que la ley abarca un amplio espectro que no solo está relacionado con el control de la información sino que va más allá al normar la importación de equipos y darle discrecionalidad a Telcor para que opere a sus anchas sobre los datos de los usuarios.
«Si aún alguna empresa privada, que opere dentro del país, mantiene por términos éticos una protección a la privacidad de sus usuarios como los contenidos, a través de esta ley los operadores están obligados al monitoreo y el registro, a brindar datos al Estado de forma directa sobre patrones de uso, geolocalización, tipo de servicio», recordó como uno de los elementos más graves que contiene la Ley 1223, que aprobó la Asamblea Nacional en noviembre de 2024, pero que entró en vigencia un año después.
Desde Telcor, la directora general Nahima Díaz Flores alabó la semana pasada la entrada en vigencia del instrumento, en una entrevista que concedió a un canal del sandinismo. Dijo que serviría para defender a los usuarios ante las empresas, así como el permitir que entren nuevas inversiones al país.
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Silenciar la protesta y la organización social
No obstante, detrás de sí lo que pretende es impedir que haya cualquier indicio de protesta contra el régimen, la reconstrucción de una sociedad civil fuerte y desaparecer cualquier resquicio de crítica contra Ortega y Murillo.
«Esta es una ley que más bien abre un precedente adicional sobre el control informativo, que ya no va solo a ser sobre medios tradicionales o medios digitales, sino que ahora también tiene que ver con los proveedores del servicio de internet que tienen que estar supeditados a lo que diga el ente regulador y evidentemente esto es una grave vulneración a lo que tenga que ver con privacidad de las personas, con datos personales, con protección a su información», insistió Marín Vásquez, quien desde Probox ha documentado como Cuba, Nicaragua y Venezuela comparten un modelo o patrón para restringir libertades en internet.
Ley de Telecomunicaciones busca el control absoluto
Agregó que la Ley de Telecomunicaciones Convergentes «es un precedente muy negativo lo que pasa en Nicaragua y en un ecosistema que ya es bastante restringido, pues obviamente con esta ley se vuelve muy mucho más complejo que quienes estén dentro de Nicaragua puedan seguir denunciando lo que sucede dentro del país y creo que justamente esto es lo que busca».
Para la directora de Probox la Ley 1223 pretende instalar en la ciudadanía, en empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, que «nadie está a salvo del control del Estado».
«Se vuelve cada vez un modelo mucho más cerrado, quizás como como es el caso de China,donde todo está dirigido, regido, regulado monitoreado por el partido y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Ya obviamente existía la censura, el control informativo, la persecución política, el exilio forzoso, todo lo que ya sabemos, incluso un control muy estricto sobre las comunicaciones digitales y mecanismos muy avanzados de difusión de propaganda que incluso Meta, antes Facebook, ha evidenciado dentro de sus estudios cómo desde Nicaragua hay cuentas trolls financiadas y operativizadas desde el Estado, con recursos del Estado desde ministerios, entonces es de nuevo poner en una ley lo que ya en la práctica se venía haciendo y que a partir de ahora sea mucho más amplio ese control sobre el espacio informativo digital nicaragüense. No importa si la empresa es de afuera, creo que justamente lo que busca es eso, que se entienda que dentro de Nicaragua hay control absoluto de las comunicaciones por parte del Estado y que nadie está salvo».
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China y Rusia como cooperadores y tutores de Nicaragua
Al igual manifestó su preocupación por la cooperación del país centroamericano con los regímenes de China y Rusia en la formación de comunicadores y de jóvenes estudiantes, con lo cual se busca erradicar cualquier pensamiento crítico de este sector de la sociedad, uno de los más activos durante las protestas de 2018, que dejaron cientos de fallecidos y elevó la represión del régimen a un nivel que se considera ha cometido crímenes de lesa humanidad.
«También es muy preocupante ver que no solo existen estas leyes para la censura en internet, sino también capacitaciones para las personas que hoy están siendo formadas, que más que una capacitación en sí, se trata de un adoctrinamiento político que busca anular el pensamiento crítico, principalmente en los jóvenes que son quienes, como en Nicaragua y en otros países, suelen ser la llama de justamente de la protesta y de la desobediencia civil ante el autoritarismo».
Marín Vásquez dijo que aunque Rusia siempre tiene un papel más visible en estas formaciones, en los últimos tiempos China dejó su «poder blando» para dar paso a estas capacitaciones de forma abierta, incluso en universidades como la UCA que antes fue un pilar de la democracia, ahora confiscada por el régimen para silenciar a quienes quieran disentir de sus políticas.
«Es justamente una estrategia eh que busca el control informativo a nivel general, pero que apunta particularmente todo este diseño de la propaganda en internet a los grupos más jóvenes de la sociedad nicaragüense», sentenció.
Periodista Nicaragua Investiga
