Propagandistas del régimen de Daniel Ortega visitaron el pasado jueves los estudios de RT en Moscú, la televisora que promueve las políticas de Vladimir Putin.
La delegación de comunicadores estuvo encabezada por Maurice Ortega Murillo, hijo de los dictadores nicaragüenses.
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El acceso a RT consistió según medios oficialistas, en un recorrido por los estudios de la sede central del canal, intercambiando información y prácticas de comunicación.
Maurice expresó a las autoridades del canal que sus padres ven a Vladimir Putin como un hermano y a Rusia como un pueblo heroico.
En los últimos años el aparato propagandístico de los sandinista ha reforzado la alianza con RT, efectuando visitas de comunicadores a ambos país, así como talleres y reforzamiento tecnológico.
Ley para más control de las comunicaciones
El pasado 06 de noviembre entró en vigencia la Ley de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua. Bajo el nombre de Ley 1223, es el nuevo marco regulatorio para las operadoras del sector que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó en 2024 y tras un año de «vacatio legis» será ahora el instrumento jurídico para normar las regulaciones estatales sobre los contenidos digitals y tradicionales, que faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) con amplios poderes.
Aunque su directora general, Nahima Díaz, la vendió en una entrevista con medios oficiales como una ley en beneficio de los usuarios, tras de sí esconde un mayor control por part del organism. Esto irá desde el tipo de contenidos a permitir hasta las entregas de datos de los usuarios cuando lo consideren necesario, el uso de la fuerza pública para inspecciones, supervisiones y otras medidas de control que estime Telcor.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) ya advirtió, cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley en noviembre de 2024, los riesgos que trae consigo.
Vigilancia, monitoreo y persecución
Dijeron que «la nueva legislación puede facilitar al Estado la implementación de sistemas de vigilancia masiva y control sobre las comunicaciones digitales y tradicionales», advirtieron en un análisis que hicieron de la Ley 1223.
La normativa faculta al Estado para hacer vigilancia de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos sin que exista la necesidad de peticiones judiciales específicas; es decir, será una discreción de Telcor el pedir estos datos que incluyen además la geolocalización cuando lo consideren necesario.
En su explicación, la FLED dijo que permitirá hacer perfiles de uno u grupos de usuarios para identificarlos como posibles disidentes, lo que conlleva el riesgo de una mayor persecución.
Las solicitudes que puede hacer Telcor incluirá datos completos de los usuarios, desde nombres, apellidos y direcciones de habitación hasta los metadatos de sus comunicaciones, el uso de aplicaciones y el tiempo que navega en la web.
Periodista Nicaragua Investiga
