La Asamblea Nacional inició este martes en una encerrona, el proceso de autoconsultas sobre la Ley de Ciberdelitos, que según diversas organizaciones pretende criminalizar el uso de las redes sociales y censurar a los medios de comunicación. La consulta se realizó con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía y Procuraduría General de la República (PGR).
Por parte de la CSJ, asistió la magistrada Alba Luz Ramos; por parte de la fiscalía, estuvo Ana Julia Guido y la Procuradora Wendy Morales con sus respectivos asesores jurídicos. La consulta continuará durante esta semana e incluirán a la Policía Nacional; al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) entre otras, para llegar a un supuesto análisis y dictamen «adecuado».
«No restringe libertad de expresión»
La diputada sandinista, María Auxiliadora Martínez, presidenta de la comisión de Justicia de la Asamblea Nacional negó que la Ley de Ciberdelitos pretenda censurar a medios críticos al régimen sandinista, a como han alertado organizaciones nacionales e internacionales.
«Los que dicen que la ley de Ciberdelito va a coartar la libertad de expresión es porque no la han leído, en ningún término de la ley se establece tal acción», dijo Martínez, en declaraciones recogidas por el canal parlamentario.
Sin embargo en el artículo 30 del anteproyecto de Ley se habla específicamente de la publicación de noticias falsas. El gobierno de Daniel Ortega ha catalogado como difusores de noticias falsas a todos los periodistas y medios de comunicación que critican su administración, sobre todo a los que han dado cobertura a la crisis política y las violaciones a los derechos humanos.
«Quien usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población (…) se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa» detalla la iniciativa de ley.
«Si la publicación o difusión de la información falsas y/o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa» establece el anteproyecto de ley.
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