Analistas políticos consultados por Nicaragua Investiga coinciden en que las nuevas sanciones aplicadas por el Departamento de Estado de EEUU contra la Fiscal Ana Julia Guido, el funcionario Paul Oquist y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna), son una respuesta natural ante las recientes acciones del gobierno nicaragüense para ejercer mayor presión y buscar una salida electoral.
Estados Unidos sanciona a CARUNA y dos funcionarios de Ortega
El ex embajador ante la OEA, Mauricio Díaz asegura que las sanciones continúan “subiendo la imagen negativa de un país donde funcionarios de alto nivel deben ser sancionados”.
Ana Guido, Fiscal General de la República, es acusada por Estados Unidos de haber fabricado casos en contra de presos políticos y sus familiares. Guido sería la primera funcionaria dentro del Poder Judicial en recibir una sanción.
El ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, comparte que la Fiscalía “es parte del engranaje represivo y de terror” que se encargaba de “armar” casos en contra de los opositores políticos, por lo que considera “absolutamente merecido las sanciones que se imponen” contra la Fiscal General.
En el caso de Paul Oquist, quien es señalado de desinformar para encubrir los crímenes del gobierno de Nicaragua, algunos expertos consideran que su inclusión ha sido meramente simbólica, pero para otros es una apuesta esperada.
Ana Julia Guido y Paul Oquist, piezas claves del poder de Daniel Ortega
Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, destaca que Oquist es un funcionario clave del gobierno, pues “articula las políticas nacionales que refleja lo que es la visión del presidente Ortega”.
Por lo que otros expertos también coinciden en que ha sido una decisión acertada al tratarse de un funcionario que ha tratado de incidir en la imagen del país a nivel internacional. Pero a criterio de Tinoco, la sanción de Oquist es más “simbólica” para “cortarle un poquito las alas a Ortega en sus pretensiones de buscar oxígeno internacional».
Capital del gobierno en riesgo
Caruna es una institución financiera que ha sido identificada por Estados Unidos como responsable de patrocinar “apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo, S.A”, el cual ya ha sido sancionado anteriormente por el país.
Tinoco considera que habrá un golpe considerable en esta sanción, pues CARUNA posee algunos papeles que se trasladaron de Bancorp cuando fue sancionado “y eso va a ir arrinconando al capital que ellos (el gobierno) tomaron de la cooperación venezolana, y hay que decirlo con claridad que ese capital les quedo a los Ortega Murillo por decisión de Hugo Chavéz”.
De igual forma, Matamoros coincide en que el caso de CARUNA “es desastroso para la capacidad financiera del gobierno”, ya que los fondos y negocios vinculados con la cooperación venezolana van a ser afectadas “drásticamente”.
Sanción a BANCORP podría acarrear sanciones al Estado de Nicaragua
“Si sos una empresa que recibe suministros de empresas norteamericanas y le vendes a CARUNA o haces una operación triangulada con CARUNA, no podes continuar porque vas a ser sancionado, si sos una entidad financiera nicaragüense, en este momento tenés que cerrarles las puertas a las relaciones con CARUNA” destaca Matamoros.
Presión bilateral
A pesar de que las sanciones se tratan de una decisión unilateral por parte de EEUU, estas aparecen tras la reciente resolución del parlamento europeo, lo que para los expertos deja entrever la llegada de mayores medidas de presión bilaterales.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución contra el gobierno de Daniel Ortega, la cual estipula fuertes medidas si la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba las polémicas leyes
Díaz recuerda que las recientes medidas surgen inmediatamente después de que el gobierno nicaragüense anunciara “la tría de leyes que tienen asustados a moros y cristianos”, pues se tratan de leyes “muy parecidas a las que imperan en regímenes totalitarios”.
Parlamento Europeo aprueba fuerte resolución contra del gobierno de Daniel Ortega
Por lo que, para los expertos políticos, la decisión más práctica de parte del gobierno de Nicaragua sería el congelamiento de esas leyes que se encuentran actualmente en la Asamblea Nacional.
Díaz considera que las sanciones son una medida de presión para obligar al gobierno a aceptar una salida política negociada a través de reformas electorales, cumpliendo con los estándares internacionales, y evitar así un mayor “colapso económico, y la marginación política y diplomática del país”.
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