Nicaragua podría ser expulsada del DR-CAFTA con nueva iniciativa de ley estadounidense

El Proyecto de Ley Renacer incluye elementos como la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

Al menos seis Senadores republicanos y demócratas del gobierno de los Estados Unidos presentaron un nuevo Proyecto de Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER, por sus siglas en inglés), la cual propone nuevas iniciativas para abordar la corrupción de la gestión de Daniel Ortega y la de su familia, “así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad”.

Esta iniciativa de ley representa un riesgo para Nicaragua ya que podría ser expulsada del DR-CAFTA, por lo que se vería gravemente afectada la economía del país en caso que Ortega no dé paso a unas elecciones democráticas el próximo mes de noviembre, según exdiplomáticos y analista político consultados por Nicaragua Investiga.

El Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Bob Menéndez, los Senadores Marco Rubio y Tim Kaine, Miembro de Más Alto Rango y Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, y los Senadores Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy, fueron los que presentaron este 25 de marzo el nuevo proyecto de ley bipartidista.

“El Proyecto de Ley RENACER deja sumamente claro que los Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva propuesta alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo singular (de) permitir elecciones democráticas en Nicaragua este noviembre de 2021”, dijo el Senador Menéndez.

Marco Rubio, por su parte, señaló que mientras el “régimen corrupto” de Ortega continúa socavando el orden democrático y las libertades básicas, “Estados Unidos debe alinear sus esfuerzos diplomáticos con las sanciones específicas existentes contra los funcionarios del régimen”.

Grave riesgo para la economía del país

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mauricio Díaz, asegura que es un hecho que esta iniciativa está encaminada a aplicar más sanciones, “pero además están anunciando una sanción institucional ya con nombre y apellido: estás hablando del Ejército de Nicaragua”, dice.

Díaz declara que estas señales son negativas para el país en su conjunto, obviamente para el gobierno de Ortega. A su vez manifiesta que en última instancia son medidas que afectarían en general al país, a la economía nacional, al empresariado. “Están mencionando la posibilidad de tocar DR-CAFTA, eso es un alto riesgo”, advierte.

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El exdiplomático refiere que esta nueva legislatura no llegue a esos extremos, porque sería “como que los europeos nos apliquen la cláusula democrática del acuerdo de asociación”, y eso afectaría el pilar de cooperación comercial con ellos.

Pero señala que que esto depende de cómo reaccione el gobierno de Ortega, quien hasta el día de hoy “no le importa nada” de lo que está haciendo la comunidad internacional. “Parece que le es indiferente y que quisiera seguir manteniendo este país bajo este control policial, y lo que estamos viendo es un deterioro cada vez más rápido de la economía”, critica.

Una forma de presionar a Ortega para reformas electorales

Edgar Parrales, quien también fue exembajador OEA, asevera que la iniciativa de Ley Renacer es un proceso estratégico que ha venido desarrollando el Congreso norteamericano en conjunto con el presidente de ese país de hace varios años atrás.

“De hecho, ellos venían anunciando sanciones como una forma de presionar a Ortega para que haga las reformas electorales, y como en los primeros tres meses del año no se ha visto ningún indicio para dar los pasos a esas reformas en conjunto con la oposición, que es lo que corresponde, entonces ellos deciden presionar”, dice Parrales.

Señala que previo a unos informes del experto en gobernabilidad Ryan Berg del American Enterprise Institute (AEI, siglas en inglés), y Deborah Ullmer, directora regional de la National Democratic Institute para América Latina y el Caribe (NDI, siglas en inglés), aconsejan que se debe presionar al gobierno de Ortega-Murillo con sanciones más fuertes e intensas. “Desde la perspectiva que sigue reprimiendo, de que la corrupción continúa y a la vez sacar como una forma de presión a Nicaragua de CAFTA”, destaca Parrales.

Producto de cabildeos

El constitucionalista y analista político, Fanor Avendaño, afirma que esta iniciativa de los dos demócratas y los republicanos van en esa tendencia bipartidista de atender el tema de Nicaragua, pero al mismo tiempo es el producto de cabildeos de grupos de presión que tiene estos congresistas para que siga el tema de este país en el tapete.

“Más que recrudecer una política ya establecida, lo que se pretende es revivir, por eso se llama Renacer, las presiones que se le mantenía al gobierno del presidente Ortega. Así debe entenderse claramente para no dar expectativas diferentes ni crear que los Estados Unidos van a resolver la problemática de Nicaragua”, considera.

Avendaño sostiene que esto es parte de una agenda de política bipartidista exterior de los estadounidenses y lo que tiene que ver ahora es que se acelera algunos aspectos porque ya está establecida la administración de Joe Biden.

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“El presidente Ortega no debe pasar desapercibido esta situación, esta movida porque es un mensaje claro al gobierno de la administración Ortega, que tenemos el ojo puesto en el huracán y que estamos en un retorno a una política de observación directa”, advierte el analista político, y agrega que ese debe ser el mensaje político y diplomático que tiene que leer bien la administración sandinista.

El Proyecto de Ley Renacer incluye elementos como la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios.

Requiere coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea y agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción.

Nicaragua cuenta con tratados de Libre Comercio vigentes con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA). El CAFTA tiene como objetivo principal la expansión y diversificación del comercio en la región, así como eliminar los obstáculos y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios de exportación.

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