A un mes de que se venza el plazo otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el gobierno de Nicaragua implemente reformas electorales, la bancada sandinista parece especialmente centrada en cumplir a contrarreloj con dichas demandas.
Durante los últimos días, los oficialistas de la Asamblea Nacional han aprobado una resolución para elegir a nuevos magistrados y magistradas dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE), y presentado una iniciativa de reforma a la Ley Electoral. Sin embargo, más allá de que se reconozcan ambas acciones como muestras de “voluntad gubernamental”, expertos cuestionan las verdaderas intenciones tras estas al no considerarlas verdaderas reformas como las solicita la OEA.
«Zancudismo»
Luis Barreto, experto en temas electorales, advierte que uno de los temas que ha salido a relucir con las recientes iniciativas es el de los partidos zancudos. La ley electoral establece que los diez candidatos a magistrados del CSE deben ser propuestos por los distintos diputados que conforman el Parlamento, por lo que podría existir alto interés de parte de los distintos grupos de oposición de acercarse a estos para lograr representatividad desde dentro. De hecho, el ALN ha sido uno de los que ya ha puesto su casilla a disposición para quienes deseen acercarse.
Por otro lado, la iniciativa de reforma a la ley electoral propone suprimir el requisito de obtención del 4% de votos válidos durante las elecciones para el reembolso de gastos de campaña electoral, es decir «meto 200-300 mil dólares, porque cualquier cosa de campaña cuesta eso, y aunque no llegue al 4% a mí me lo devuelve el CSE» explica Barreto.
El experto asegura que esto promueve que “comience a haber un movimiento de propaganda electoral variado y en su momento masivo” y no descarta el hecho de que sea el mismo gobierno quien financie a estos partidos. “Pueden hacer campaña todos esos zancudos porque al régimen le interesa llenar las calles de esto, andan en alboroto y en el alboroto se van segregando, y ya ese voto de más del 60% que no tiene afinidad por ningún partido puede confundirse por ahí”.
Para el exdiputado Eliseo Núñez “eso es un patrocinio directo a quienes acepten este proceso electoral, por muy partidos insignificantes en votantes que sean, van a tener un reembolso de parte del Estado”.
Pero además de que esta reforma promueve el llamado zancudismo y por tanto la división del voto, asegurándole al Frente Sandinista (FSLN) el 35% mayoritario necesario; esta presenta una contradicción, pues establece que a quienes no obtengan al menos el 4% de los votos se les será cancelada su personería jurídica.
Por tanto, Núñez cuestiona «¿a quién le reembolsan?» y agrega que lo que se estará realizando entonces es un “reembolso personal” pues al desaparecer el partido a quien se le otorgará el reembolso es a quién esté a cargo de este, a su presidente.
Cierre a oposición
El exdiputado considera que la iniciativa “no tiene grandes reformas que avancen en el sentido democrático” y que en realidad estas aparentan ser mucho más restrictivas que las anteriores. La nueva ley electoral, estaría fomentando el surgimiento de nuevos partidos minoritarios que dividan el voto, evitando que algunos de los grupos opositores ya organizados puedan ser parte de estos.
De hecho, Núñez destaca que “todas las leyes restrictivas” que el gobierno ha venido implementando “las metió en un solo paquete ahora en la ley electoral”. Entre las principales limitantes establecidas en la ley está el que los candidatos no se vean afectados por la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa a la Soberanía, un punto complicado para la mayoría de líderes de la oposición debido al contexto político del país.
Otros de los cuestionamientos a la nueva iniciativa de reforma a la ley electoral es la «partidización», ya que únicamente los partidos políticos podrán ser quienes organicen manifestaciones públicas durante el periodo electoral; el otorgamiento de facultades a la Policía Nacional para otorgar permisos para dichas manifestaciones, en lugar del CSE. La limitación del tiempo de propaganda a través de medios de comunicación para los partidos políticos, la regulación del transfuguismo político, y la ausencia de referencias en la nueva Ley respecto a la observación internacional frente a los comicios de noviembre y a la limpieza del padrón electoral.
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