El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Clément Voule, expresó este miércoles su interés de venir a Nicaragua para conocer de cerca la situación referida a estos ámbitos, según expresó el funcionario en entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
«Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual. Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo. El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan», manifestó Voule.
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El Relator expresó que ha recibido la información que desde septiembre de 2018, el Gobierno nicaragüense decidió prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone al oficialismo.
«Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo. Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua», añadió Voule.
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Por otro lado Voule mencionó que consultaron al gobierno sobre la aprobación de las Ley de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, pero no obtuvieron respuesta, por lo que manifestó su preocupación de cara al proceso electoral de noviembre de este año.
«Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos. Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas», añadió Voule.
Finalmente exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas
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