¿Cuánto cuesta el voto en Nicaragua y por qué lo han ubicado como el más caro de la región?

La democracia claramente tiene un precio. Lamentablemente, en Nicaragua no existen indicativos para establecer con exactitud cuánto se gasta en concepto electoral.

Aunque la falta de transparencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) dificulta concretar el gasto total de las elecciones en Nicaragua, expertos han realizado diversas estimaciones y lo han ubicado como el país con el voto más caro de la región.

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Durante las elecciones generales de 2016, se estimaba que el voto nicaragüense tuvo un costo de alrededor de US$20 por persona —incluyendo el reembolso electoral—, sin este cada voto emitido estaría ubicándose en US$8, una cifra igual de elevada tomando en cuenta que en el resto de países latinoamericanos este ronda entre los US$3 y US$7; según información compartida por el ex diputado liberal, Eliseo Núñez.

Asimismo, el ex diputado aclara que el encarecimiento del voto no es un tema nuevo en Nicaragua, este siempre ha sido elevado «porque normalmente los sistemas electorales cuando no son maduros, cuando no son estables, generan costos muy altos».

La democracia claramente tiene un precio. Lamentablemente, en el caso de Nicaragua no existen indicativos para establecer con exactitud cuánto se gasta en concepto electoral. Dayra Valle, experta de Transparencia Nicaragua, destaca que en otros países se utiliza un clasificador en el cual se incluyen todos los gastos que se generen «pero el punto es que no tenemos un clasificador único que nos diga cuánto estamos gastando, si realmente estamos gastando en lo que deberíamos de gastar y si somos eficientes en el manejo de esos recursos».

Pero aunque desconoce una cifra exacta, Valle comparte que analizarse el gasto en procesos de adquisiciones, «en el 2016 tuvimos gastos asociados en su mayoría en adquisiciones para compra de accesorios, equipos de oficinas y otros utensilios que son muy usuales». Comparte que entonces los montos «eran muy variables, hasta se compraron vehículos para el traslado de los diferentes centros de votación» y en general se gastaron cerca de 69 millones de córdobas en adquisiciones en ese año. Mientras tanto, en las elecciones municipales de 2018 «tuvimos casi por los 25 millones de córdobas solo asociados a los gastos en adquisiciones». Y en 2019, con las elecciones regionales, «fue mucho menor».

El valor del voto

Valle señala que este tipo de sistema de «elecciones divididas» también encarece el voto. En Nicaragua se eligen a las autoridades del Poder Ejecutivo,los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, en un comicio, y aparte se celebran elecciones municipales, y otras regionales de la Costa Caribe. Hay quinquenios en la gestión del CSE en que «prácticamente de los cinco años, en tres estamos en procesos electorales, y eso es costoso para un país tan pequeño como Nicaragua, donde pudiéramos reducir costos».

«Son prácticamente tres tipos de elecciones que tenemos, y montar elecciones, además de que genera una logística bastante compleja, esto genera más gastos; entonces no somos muy eficientes en tratar de condensar los procesos electorales, eso pasa por el marco legislativo que tenemos y el modelo que hemos escogido» destaca Valle.

Mucho personal

Por otra parte, en los años electorales es usual que se eleve el presupuesto ante el aumento en la cantidad de funcionarios públicos. Núñez explica que Nicaragua cuenta con un sistema de voto domiciliar, «es decir tenemos muchisimas Juntas Receptoras de Votos (JRV) y muchisimos Centros de Votacion(CV), además tenemos una limitación de 400 votantes por cada JRV».

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Anteriormente, detalla que incluso había una limitación adicional que era que un votante no podía recorrer mas de 300 metros en el área urbana y 1 kilómetro en el área rural para encontrar una mesa de votación, pero esta fue removida con la última reforma electoral. Para Núñez esto puede abaratar el voto ya que se reduciría el número de personal, pero también puede complicar el acceso a los CV a los ciudadanos.

Sin embargo, la reducción de mesas y centros de votación sería algo positivo «en un sistema electoral maduro», pues en el actual Núñez advierte que podría incluso tratarse de «una trampa del régimen» para reducir la observación. El ex diputado sugiere que lo ideal sería convertir el CV «en la unidad básica electoral y crear ventanillas electorales, con esto en lugar de tener el equivalente a una directiva de tres que es lo que hay en la JRV, pudieras tener una directiva de 5 en el CV que te implicaría menor costo».

«Las ventanillas electorales por supuesto que tendrían también algún tipo de personal pero ya no serian 3 por cada JRV, pudieras tener 1 por cada ventanilla electoral, y adicional a eso pues los fiscales que eso lo financia cada partido» agrega.

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Además, Valle destaca que en el proceso electoral no solo se ve involucrado el personal del CSE sino que «hay varias instituciones que entran a coadyuvar cuando se están dando el día de las elecciones, no solo están inmiscuidos el Consejo y el aparataje, sino que hay otras instancias… por ejemplo, las instituciones que ayudan en el traslado de los votos, la seguridad que brindan la Policía o el Ejército cuando se van a trasladar estos, u otros».

Costo del material electoral

Los mayores gastos durante el proceso electoral están vinculados con las personas que trabajan en estos y las condiciones logísticas, es decir lo que se gasta en la adquisición de bienes y servicios que permiten los procesos electorales, como compra de papelería, las maletas electorales, la boletas electorales.

Pero Valle lamenta que no exista transparencia para conocer estos procedimientos. «Aquí tenemos una opacidad en este tipo de información porque los procesos se han realizado a través de contratación simplificada y, aunque no debe ser un procedimiento oscuro, en el caso de las maletas electorales y de las boletas electorales no se conoce información de a quienes en algunas situaciones han sido adjudicadas».

«No sabemos a quién se está comprando, quien se está viendo beneficiado como proveedor, en estos contratos que son realmente millonarios. Es un gasto que no sabemos si estamos adquiriendo a proveedores legalmente constituidos, ni exactamente cuánto estamos gastando por eso porque hay una falta de transparencia» agrega.

La falta de transparencia presupuestaria es una constante en la administración pública. Ante la escasez de información sobre los gastos que se generan es muy difícil conocer con exactitud cuáles estarán siendo las prioridades durante los comicios de este 2021, para los cuales ha sido designada una partida de C$1,108 millones.

Transparencia ausente

Y más allá de no tener la posibilidad de conocer en concreto el costo del voto en Nicaragua, Valle comparte que con los años ha habido «un deterioro de transparencia a nivel gubernamental, hay menor grado de detalle de la información presupuestaria y hay menor grado de detalle de la información del gasto en adquisiciones asociado a instituciones como el CSE».

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Considera que estas se asocian a la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, «es sumamente clave que la institución —en este caso el CSE— sea eficiente en generar procesos de adquisiciones más competitivos en donde puedan participar diferentes proveedores, y la competencia en sí genera la posibilidad de obtener menores precios». Esto además, evitaría el beneficio de proveedores específicos a través del tráfico de influencia y aseguraría que se paguen precios competitivos.

«Más allá de que es una institución que se encarga de un proceso electoral y que es sumamente importante para la democracia de un país y que debe transparentar los resultados de las votaciones, yo también hablo de la transparencia de la gestión que ellos realicen en el manejo de los recursos que ellos ocupan para poder desarrollar estos procesos electorales» finaliza Valle.

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