Más de 40 mil dólares anuales ganaba un magistrado del CSE: ¿Aumentó o bajó esta partida?

Por los cinco años, los diez magistrados del CSE se llevaban consigo respectivamente de 2.100 millones de dólares. En la actualidad, se desconoce si esta designación salarial aumentó o se mantiene.

El tema de los salarios de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha sido un tema de discusión entre los nicaragüenses; precisamente porque gozan de buena paga y grandes beneficios que los convierte en personas con gran comodidad sin trabajar mucho.

Pero este tema coloca a los funcionarios que dirigen el Poder Electoral es una de las instituciones “menos transparentes”, al no ofrecer información pública de cuánto ganan mensualmente.

Hasta 2005, se conocía que un magistrado ganaba 3,500 dólares, según la Ley de Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos del Estado (Ley 530), la cual fue anulada semanas después de ser aprobada mediante un recurso de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero gracias a esta normativa puede calcularse cuánto absorben estos magistrados de los recursos públicos.

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Más de 2 millones de dólares para magistrados del CSE

Para ese entonces, solo un magistrado nicaragüense gozaba un salario anual de 42 mil dólares; por los cinco años de estar en funciones era 210 mil dólares.

En los cinco años de trabajo de los diez magistrados del CSE, el salario total que se llevaban consigo era respectivamente de 2.100 millones de dólares. En la actualidad, se desconoce si esta designación salarial aumentó o se mantiene. Pero lo que sí advierten los analistas políticos es una falta de transparencia total de este poder del Estado.

Institución menos transparente

Eliseo Núñez, experto en política nicaragüense, explica que hay detalles más allá de los salarios de los magistrados del CSE. “Lo que se cobra por la cédula, que no pasa a caja única y que puede representar dependiendo del año entre tres y cuatro millones de dólares”, detalla.

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Núñez manifiesta que el CSE pudiese ser un poder del Estado con funciones temporales y que operen bajo el esquema de independencia de poderes, y que solo se constituyan para procesos electorales. Así se podría recibir el salario solamente en su activación electoral para los magistrados y el personal.

“El problema de esto es que en la mayoría de los países donde no hay poder electoral, depende del Ejecutivo”, expone.

El analista político José Pallais sostiene que “el CSE ha sido uno de los organismos menos transparentes de la administración pública”. Además refiere que el Poder Electoral es uno de los más “privilegiados”.

“Por algo se cuestiona que el voto en Nicaragua es el más caro de la región, lo cual indica que no es eficiente en el manejo de los recursos”, apunta. Por otra parte, agrega que los costos administrativos del CSE tienen que ser bajo una administración transparente, honesta y eficiente.

Contraloría debe supervisar el salario

El excontralor Agustín Jarquín Anaya reafirma que es “lamentable” que no se conozca el salario que gozan los magistrados del CSE, a pesar que es una obligación que tienen los funcionarios públicos, por lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), la cual exige a las entidades gubernamentales de divulgar la información a través de la página Web, algo que no sucede en el sitio digital del CSE.

El artículo 20 de la Ley 621 establece que se debe publicar “la remuneración mensual de la dirección superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos” de las instituciones públicas.

Los nuevos magistrados del CSE se juramentaron el 6 de mayo en la Asamblea Nacional. Foto | Houston Castillo

El excontralor afirma que la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR), mediante Ley Orgánica de la Contraloría (Ley 681), debe supervisar que se cumpla  estrictamente la Ley 621.

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Jarquín Anaya explica que el artículo 9 de la Ley de la Contraloría tiene la potestad de “efectuar auditorías financieras” en las instituciones públicas, pero esto no sucede por la ciega e inoperativa función que ha jugado la CGR durante el gobierno de Daniel Ortega.

“El ciudadano que paga sus impuestos tiene que saber cuánto le están pagando a un magistrado, diputado, ministro, concejal y alcalde”, apuntó Jarquín Anaya.

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