Juez aceptó en 14 minutos solicitud de ocupación de bienes de Cristiana Chamorro

La Policía Nacional llegó a la casa de Cristiana Chamorro, aspirante presidencial, a las 11:40 minutos de la mañana del día 2 de junio de 2021. Vulneró los accesos de la vivienda, entró a la residencia, ocupó bienes diversos como dispositivos electrónicos, memorias ubs, discos duros, documentos legales y personales, tarjetas bancarias, chequeras y además desconectó la señal de internet y las cámaras de vigilancia y aisló a los ocupantes de la vivienda.

Afuera, los medios de comunicación que documentaron el hecho, fueron replegados con violencia, así como familiares de Chamorro que acudieron ante la noticia para conocer la situación en la que se encontraba.

Sin embargo hasta las 4:04 de la tarde, la Juez Karen Chavarría, que lleva el caso de Chamorro, recibió una solicitud de la policía para la «convalidación» de lo actuado.

14 minutos después, a las 4: 18, según consta en el acta de solicitud ingresada al sistema oficial Nicarao – donde se documentan todos los movimientos judiciales- la solicitud estaba autorizada y la policía sacó de la vivienda todo lo ocupado. La orden de la juez implicó también una autorización para que un experto en informática de la policía pueda extraer toda la información contenida en los dispositivos electrónicos que fueron tomados durante el allanamiento.

Policía extraerá información del celular, computadoras y correos electrónicos de Cristiana Chamorro

Según el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán la «convalidación» se solicita cuando la policía considerando un factor de «urgencia» allana una vivienda sin una orden judicial y luego debe legitimar el acto por medio de la autorización del juez competente, o cuando aún allanando con una orden judicial «buscando algo, te encontrás otros delitos de los que no solicitaste en tu petición», entonces en este caso, Morazán piensa que al encontrarse una gran cantidad de dispositivos digitales la policía está pidiendo «que se vacíe toda esa información para analizarla».

La «veloz» juez Chavarría

Lo que parece altamente curioso al exfuncionario judicial es que en solo 14 minutos, se haya dado todo este proceso, lo cual es imposible si se siguieran todos los procedimientos indicados que según dice, tienen mucha «burocracia».

El abogado explica que para que un escrito llegue a manos de un juez, en este caso la petición de la policía de avalar el allanamiento y la ocupación de bienes, «hay una logística tremenda», porque en primera instancia se debe presentar el escrito ante  la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE). Morazán explica que aquí, el sistema registra como hora de ingreso el momento en que se inicia a llenar el formulario, pero que se lleva un tiempo considerable terminar ese proceso porque «tenés que llenar una gran cantidad de detalles, información de identidad sobre todo, qué delito», y otros datos que requieren tiempo en ser ingresados al sistema.

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Después de eso, «tenés que mandarlo a través de un mensajero interno al despacho del juez, lo recibe el escrito el asistente del juez, después el juez con su asistente deciden qué es lo que van a resolver, pasa a una oficina que se llama recepción de asuntos en trámites y no es que solo se lo vas a pasar, tiene que pasarlo hasta por el sistema, lo revisa el juez. En 14 minutos es imposible que un juez haya podido resolverlo», indica Morazán.

El modelo de gestión de causas explicado por Morazán está también documentado en la web oficial del poder judicial

Fuente: Poder Judicial | web oficial

Morazán también cuestiona el hecho de que la acusación fue presentada el día 01 de junio, a las 6:20 minutos de la tarde cuando «los juzgados ya están cerrados».

«¿Como sabía la juez que a las 6 de la tarde le iba a caer eso ahí?», dice el abogado, que se cuestiona que Karen Chavarría haya estado fuera de horario lista para firmar y autorizar la orden de detención.

Sin pasar a orden del juez

La abogada Orieta Benavides, defensora de Cristiana Chamorro, dijo al medio Confidencial que algunos vecinos de su defendida han indicado que hay movimientos en la casa de personas ajenas a la policía que entran, una de ellas se presume sea la Juez Karen Chavarría, quien lleva el caso y dijo que siente “temor de que se pudiese estar realizando algún procedimiento, alguna audiencia secreta».

La abogada indicó que al constar que hubo un acta de convalidación de la Policía Nacional queda claro que “quiere decir entonces quela orden de allanamiento no fue emitida por la jueza sino que fue ejecutada directamente por la Policía Nacional”, que llegó a la casa de Chamorro, apenas unos minutos después de que medios oficialistas anunciaran públicamente que había una orden de captura contra la precandidata.

«Si la policía admitió que hay una detención, lo dijo así en su acta y la juez la convalidó porqué a estas alturas no la han puesto a la orden del juez, si la ley establece que debe ser en 48 horas», dijo Yader Morazán a Nicaragua Investiga que considera que Chamorro «está fuera del amparo de la ley».

Benavides dijo que Chamorro “está recluida en su casa, no puede salir, nadie puede entrar, no tiene acceso a comunicarse con familiares o con amistades, no tiene derecho alguno de comunicarse con su abogada defensora que soy yo. Es una situación que la tiene completamente privada de sus derechos”, ya que explica que una detención domiciliar implica libertad de movilización dentro del hogar y contacto con sus abogados defensores.

Lo ocupado

Allanamiento de la Policía Nacional en casa de habitación de Cristiana Chamorro.

En el acta de convalidación presentada por la Policía Nacional y colgada en el sistema Nicarao del Poder Judicial se agrega también el acta de ocupación, en la que se documenta lo que la policía tomó de la casa de Cristiana Chamorro, entre ello al menos 4 teléfonos iphone, 4 tabletas ipad, 1 laptop, 3 simcard, al menos 12 memorias usb de distintas marcas y capacidades de almacenamiento, documentos legales  y personales, así como varios talonarios de cheques de diferentes bancos así como tarjetas bancarias, varios de los bienes ocupados no pertenecen a la aspirante presidencial sino a algunos de sus familiares. Morazán indica que en este caso «Los procesos no trascienden a terceras personas, el derecho a la privacidad es personal», por lo que aclara que los aparatos electrónicos de los hijos de la precandidata y del personal de servicio que fueron ocupados, deberían ser devueltos, y las demás personas, poder entrar y salir sin ningún problema de la vivienda.