Mientras los representantes de México y Argentina en la Organización de Estados Americanos -OEA- se abstuvieron de votar para la aprobación de una resolución contra Daniel Ortega el pasado 15 de junio, que al final resultó victoriosa con 26 países a favor, los gobiernos de ambas naciones preparan un nuevo giro político que podría desencadenar un tono más fuerte contra los abusos del gobierno sandinista a opositores en Nicaragua.
Medios internacionales revelaron sobre «la catarata de críticas» que ha generado el silencio de Argentina y México, países dirigidos por partidos de izquierda al igual que el mandatario sandinista, contra la escalada represiva de Daniel Ortega durante los últimos tres años de crisis sociopolítica, y ahora de cara a las elecciones presidenciales.
A diferencia del Gobierno de Estados Unidos y la OEA, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, presidente de Argentina y México respectivamente, han llamado a sus embajadores en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, para iniciar un proceso de «consultas» de forma interna sobre los acontecimientos «políticos-legales» que preocupan a sus gobiernos.
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Mientras Luis Almagro, Secretario General de la OEA, ha denunciado recientemente que en Nicaragua hay «una dictadura«, los presidentes amigos de Ortega, Alberto F. y Andrés L., han pedido respeto al Estado nicaragüense sobre sus asuntos internos que serán solucionados por los mismo ciudadanos. Pero México y Argentina desconocen o están obviando, que en Nicaragua existe la concentración de poderes estatales a manos del mandatario sandinista, incluso, en las últimas semanas se refleja que la justicia en el país obedece a obligaciones políticas, como el caso de la Ley 1055.
Argentina y México preocupados por Nicaragua
Daniel Ortega inició un proceso de investigación por supuesto lavado de dinero desde el pasado 20 de mayo en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que ha conllevado a detenciones, allanamientos y persecución contra opositores que ha realizado la Policía Nacional con el respaldo del Ministerio Público. Medidas «arbitrarias» que ha denunciado la comunidad internacional.
Según el medio de comunicación argentino, Clarín, el canciller de México, Marcelo Ebrard, logró comunicarse con Alberto F., para proponer cambios en sus posturas políticas frente a los abusos de Daniel Ortega. Las propuestas fueron aceptadas por el presidente, y procedieron a comunicarlo al ministro Felipe Solá, para exigir la libertad de los presos políticos, uno de ellos, amigo personal.
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Días antes, Capitanich, tuvo la misión a pedido de su gobierno que visitara los presos políticos que Ortega ha detenido en las últimas semanas, sin embargo, se le negó la llegada al diplomático argentino porque los ahora investigados se encuentran incomunicados totalmente. Actualmente hay más de 20 activistas, precandidatos y líderes opositores detenidos.
De acuerdo al medio argentino, existe «la paga de un costo interno» entre los mandatarios de México y Argentina ante Washington, luego de mostrar «su liviandad» ante la situación del país centroamericano. Incluso Alberto F., intentó dialogar con Ortega pero no se pudo. En privado, «opina que es un dictador y una caricatura de lo que fue la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza» se lee en la nota.
¿Habrá cambio en sus posturas políticas sobre Nicaragua?
59 países firman declaración conjunta en rechazo a acciones de Daniel Ortega
En similitud a los gobierno de izquierda en Venezuela y Cuba, Ortega continúa desatando acciones represivas que transcurren por las noches, fines de semana, con fuertes operativos policiales y bajo violencia armada. El mandatario sandinista ha cerrado las posibilidades de abrir espacios que permitan lograr acuerdos democrático y flexibles.
Sobre el giro político de Argentina, Alberto F., recibió crítica sobre su pasividad frente a su amigo Ortega, mientras Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de este país, apareció con fuertes críticas contra el Gobierno de Nicaragua, que podría ser una referencia del cambio de posición de Argentina ante los abusos del mandatario sandinista.
Este martes 22 de junio, 59 países del mundo presentaron una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestando su preocupación y condena por la persistente violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias por parte del gobierno de Nicaragua desde 2018.
Las atenciones de Argentina ante la OEA, opacaron la posición de este país ante la represión en Nicaragua. Según Clarín, Alberto Fernandez dio la orden para apoyar el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó un informe actualizado y crítico sobre la situación en Nicaragua.
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