Ortega y Maduro comparten los mismos patrones represivos

Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua no solo se caracterizan por proclamarse revoluciones "progresistas", sino por usar los mismos patrones represivos.

De las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, los casos de Nicaragua y Venezuela son los más preocupantes, ya que los organismos internacionales han determinado que ambos gobiernos llevan a cabo terribles abusos sistemáticos a la vida y a la libertad de sus ciudadanos.

El último informe de la Misión Internacional Independiente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Venezuela, publicado esta semana, devela los patrones repetitivos entre ambos gobiernos. Entre estos patrones están la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, los asesinatos arbitrarios y la complicidad del aparato de justicia.

Señalados de crímenes de lesa humanidad

En este sentido, tanto el gobierno de Daniel Ortega como el de Nicolás Maduro están señalados de ser ejecutores de crímenes de lesa humanidad. En el caso de Venezuela lo ha determinado la ONU, y en Nicaragua lo hizo en diciembre del 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual investigó los hechos de violencia registrados en el país, aunque solo en el período del 18 de abril y el 30 de mayo de ese año.

El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión indica que los crímenes de lesa humanidad los ha cometido el gobierno de Daniel Ortega en los últimos tres años, pero que en el caso de Venezuela estos hechos llevan mucho más tiempo de estarse registrando. La particularidad de Nicaragua es que en el contexto de las protestas del 2018, esos crímenes sucedieron en “un corto tiempo”, expresa.

Las torturas

En el último informe de la ONU sobre Venezuela, un detenido dijo que al ser devuelto a la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sufrió constantes abusos. “He sido objeto de alrededor de tres meses de torturas continuas, golpes a las 12.00 del mediodía, a las 6.00 de la mañana, a las 3.00 de la mañana”, narró la víctima.

En Nicaragua las autoridades no han actuado diferente. A inicios de septiembre del 2021 familiares de más de 30 líderes y activistas opositores denunciaron la gravedad de las condiciones en que están detenidos en las cárceles del nuevo Chipote. Denunciaron que las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas, y que los interrogatorios se realizan “a cualquier hora, dos y hasta tres veces al día”. Hasta que les permitieron visitas algunos presos estuvieron confinados en celdas solitarias por dos meses, expresaron. Los presos habían bajado entre 12 y 36 libras de peso en un corto período de tiempo.

Pero hace tres años también hubo situaciones terribles. El informe del GIEI indica que “de acuerdo con los relatos, algunas torturas fueron suministradas a los efectos de obligar a las víctimas a filmar videos de auto o hetero incriminación de conductas delictivas, recitando un guión que sus captores les había facilitado y mientras, detrás de cámara, las vigilaban a punta de fusil”.

Estas son las terribles condiciones en que están los opositores encarcelados en El Chipote

Desaparición forzada

En Venezuela hay un alarmante patrón de desapariciones forzadas. La ONU registra el caso de Franklin Caldera, “quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021 fue secuestrado en Colombia supuestamente por miembros de la DGCIM y posteriormente fue interrogado y torturado durante unos 12 días, tiempo durante el cual no proveyó información oficialmente su paradero”.

En Nicaragua también abundan casos similares. A inicios de agosto del 2018 se denunció que grupos paramilitares secuestraron al exmayor del Ejército, Tomás Maldonado. De su paradero no se supo absolutamente nada durante 22 días hasta que el 28 de agosto fue presentado por la Policía Nacional como cabecilla de las protestas antigubernamentales en la ciudad de Jinotepe.

Esto sigue ocurriendo. El 23 de agosto del 2021 el opositor Alex Hernández fue detenido en Managua. Desde entonces no se supo nada de él. Sus familiares lo buscaron en la Dirección de Auxilio Judicial (El nuevo Chipote) pero les negaron que lo tuvieron encarcelado y la Policía tampoco informó su captura. El 1 de septiembre la Policía finalmente admitió que estaba en su poder al permitir que un hermano lo visitara.

Violencia sexual

El último informe de la ONU sobre Venezuela menciona la violencia sexual en 34 oportunidades. “Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que otras personas imputadas no denunciaron la tortura ante las autoridades judiciales, ya sea por miedo o por falta de confianza en la respuesta judicial. Esto se ha omitido especialmente durante las audiencias de presentación, cuando la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, habían ocurrido recientemente”, señala el informe.

Situaciones similares se registraron en Nicaragua en el 2018. “Se recibió el testimonio de una persona que habría sido privada ilegítimamente de su libertad en las instalaciones policiales “El Chipote” y allí torturada física y psicológicamente. Según su relato, durante el período de siete días que duró su detención sufrió violaciones sexuales con elementos contundentes, le realizaron descargas eléctricas en su cuerpo, le propinaron violentos golpes –a consecuencia de los cuales se descoló el hueso de su mandíbula y le arrancaron piezas dentales- y recibió amenazas contra su vida e integridad física”, refiere el GIEI.

Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Díaz-Canel en la XVI Cumbre del ALBA, en La Habana, Cuba, 14 de diciembre de 2018. Foto | AFP
Gobierno instrumentaliza a familiares de policías fallecidos en día internacional de los derechos humanos

Complicidad de jueces y fiscales

En Venezuela el aparato de justicia carece de imparcialidad, y según la ONU existe complicidad de jueces y fiscales en las violaciones a los derechos humanos. Al respecto, indica que “la revisión de expedientes por parte de la Misión reveló discrepancias en las fechas que parecen encubrir la ausencia de órdenes de detención al momento en que fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales”.

Este panorama es similar en Nicaragua, donde se ha denunciado que la Fiscalía y los jueces responden a las ordenes del presidente Daniel Ortega, actuando en base a los intereses de éste.

Ante los evidentes problemas en el sistema de administración de Justicia en el país, el GIEI recomendó en el 2018 “Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político”.

En el caso de la Fiscalía General de la República ha sido señalada de ser una “fábrica de delitos” en contra de los opositores.

Asesinatos arbitrarios

Otro patrón que comparten Nicaragua y Venezuela son los asesinatos arbitrarios, los cuales han sido debidamente documentados por los organismos defensores de derechos humanos. En el caso de Nicaragua, durante las protestas del 2018 se reportaron en pocos meses más de 320 asesinatos, muchos de los crímenes han sido catalogados como «ejecuciones extrajudiciales». Uno de los casos más conocidos ocurrió el 2 de junio del 2018 cuando en la ciudad de Masaya fue asesinado Junior Gaitán, de 15 años de edad. “Le dispararon a quemarropa, mientras estaba arrodillado suplicando que no le hicieran nada. Sé que él conocía al policía que lo asesinó, porque le pidió que no lo matara. Todo eso lo vio y escuchó uno de sus primos que estaba escondido frente al Mercado de Artesanías, donde se habían refugiado”, narró a medios de comunicación su mamá Aura Lila López.

Dueñas absolutas del sistema

Para Gonzalo Carrión, que es miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, aunque existen algunas diferencias entre los regímenes de Daniel Ortega, al que cataloga como una «dictadura familiar» y el régimen chavista, la forma de ejercer el poder es prácticamente iguales.

Ambas dictaduras “han asaltado el poder y todas las instituciones de forma ilegítima, son parecidas. Se sostienen en el poder haciendo uso de las herramientas e instrumentos de esas entidades, de fuerzas represivas, aprobando leyes”, subraya.

Para el defensor de derechos humanos algún día se juzgarán todos los crímenes denunciados, independientemente de que Nicaragua no sea signataria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Refiere que el hecho de que el país no haya firmado el estatuto no le faculta a violar acuerdos internacionales como tampoco las mismas leyes del país. «En Nicaragua los derechos humanos están reconocidos por la propia Constitución, derecho a la vida, derecho a la libertad (…). En Nicaragua está prohibida la tortura y han torturado», indica.

«Ellos (la dictadura) han venido aprobando leyes para tratar de darle forma legal a la represión, algo que no es posible porque los derechos humanos son primero», manifiesta Carrión.

«Eso va a cambiar y van a tener que rendirle cuenta al país, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional», enfatiza.

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