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Cifras muestran que Nicaragua prioriza formación de más hombres armados que médicos

En los últimos años el gobierno Ortega ha priorizado el incremento en el número de agentes de Policía, una institución señalada de crímenes de lesa humanidad.

En los últimos años el gobierno Ortega ha priorizado el incremento en el número de agentes de Policía, una institución señalada de crímenes de lesa humanidad.

Tras la llegada de la pandemia de COVID-19 el gobernante Frente Sandinista alardeaba de que Nicaragua podría hacerle frente, ya que, supuestamente, el país contaba con la “tecnología” y un modelo de salud altamente eficiente. Año y medio después de reportarse el primer caso, las expectativas no se cumplieron y las denuncias de muertes y contagios, no oficiales, dan una idea de los problemas que está enfrentando el sistema de salud para contener la pandemia.

En medio de este panorama el gobierno del presidente Daniel Ortega ha priorizado el incremento del número de agentes de Policía en relación al de médicos

Estadísticas sinuosas ¿Están desertando los policías?

Las estadísticas de la Policía no son muy claras y no responden a ciertas lagunas en cuanto al número de agentes que ingresan y los que pasan a retiro o desertan. Pero es un hecho que cada vez hay más policías y se puede ver claramente en los anuarios de la institución y sobre todo en los actos de graduación de cientos e incluso miles de nuevos agentes que con bastante pompa, cada cuatro o cinco meses, dan a conocer los medios de comunicación oficialistas.

En el año 2017 la Policía reportó 15,479 agentes, en el 2018 curiosamente descendió a 14,946, pero en el 2019 volvió a incrementarse a 15,643. Al cierre del 2020 el número de agentes incrementó más, llegando a según el Anuario 2020, el último disponible.

Es decir, según las estadísticas oficiales, en el 2020 solo hubo 1,266 agentes más que en el 2019. Sin embargo, llama la atención que a lo largo del 2020 los medios oficialistas reportaron al menos tres actos de graduación: El 20 de febrero 708 agentes, el 18 de junio 818 y el 19 de noviembre 954, lo que da un total de 2,480 nuevos agentes.

En el 2021 la Policía ha continuado el reclutamiento. El 26 de mayo pasado se promocionaron 1,026 nuevos policías y el 16 de junio los medios oficialistas anunciaron que ese día 1,500 jóvenes habían iniciado en la Academia “Walter Mendoza Martínez” el Segundo Curso Básico de Policía 2021.

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Policías impidiendo una manifestación. Foto Manuel Esquivel.

Poderío armado

El gran poderío de la Policía pudo observarse los días 6, 9 y 10 de septiembre pasado cuando el presidente Ortega encabezó el acto del 37 aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), el 42 aniversario de la Policía Nacional y el desfile policial.

Pero Nicaragua no solamente cuenta con eso. También tiene un Ejército con 12,000 miembros, según el índice de Global Firepower 2021. Es un ejército que Ortega ha venido “modernizando” desde el 2007, y al menos oficialmente, su número se ha mantenido sin grandes variaciones. La institución no da a conocer reportes del número graduados en los cursos de adiestramiento básico militar.

El 2 y 3 de septiembre pasado el Ejército mostró su músculo durante el acto del 42 aniversario y el desfile militar. En el desfile por ejemplo, hizo alardes de sus diferentes unidades de combate así como también de su maquinaria bélica, incluyendo los polémicos tanques T-72 B1 de fabricación adquiridos de Rusia en el 2016.

Es decir, asumiendo como mínimo 12,000 miembros del Ejército y los aproximadamente 20,000 agentes de la Policía, Ortega ha incrementado la cantidad de hombres armados en Nicaragua a más de 30,000.

Una política represiva

La socióloga y especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, considera que este incremento en el número de efectivos policiales responde a a la lógica gubernamental de “desarrollar su política de represión sobre la sociedad nicaragüense”. “Requieren mucho más agentes en las calles”, indica.

Más policías, más carga para los nicaragüenses

La investigadora enfatiza en que en medio del gran despliegue de agentes, «los delitos están creciendo en todo el país, pero además está creciendo la percepción de inseguridad en los ciudadanos».

«Es decir, más policías no necesariamente significa mayor seguridad para el ciudadano», refiere.

Otro aspecto que destaca es que al incrementar el número de policías también conlleva «una mayor carga tributaria». «Aunque la institución policial está sancionada y no puede gestionar por su propia cuenta sus gastos y todas sus operaciones financieras administrativas, eso está en el Presupuesto General de la República, es una carga para todo el país y se refleja en las cuentas públicas y le hace un contrapeso a otro tipo de servicios y otro tipo de instituciones que son necesarias en el país», explicó Cuadra.

El sector salud, como ejemplo

Uno de esos sectores prioritarios es la salud. Según datos oficiales, hasta mayo del 2021 en Nicaragua habían 36 mil 649 trabajadores de la Salud. Son ellos quienes le están haciendo frente a la pandemia de COVID-19, que hasta el 15 de septiembre reportada 26,252 casos sospechosos y 4,809 personas fallecidas, de acuerdo al Observatorio Ciudadano, un organismo independiente que lleva registros de la enfermedad ante las dudas de las cifras oficiales.

En el caso específico de médicos, propiamente dicho, el número es aún menor. En el 2020 había en el Estado apenas 6,045 médicos, según un reportaje  publicado por La Prensa el 1 de octubre de ese año.

Los testaferros de los hijos de Ortega, una red que ayuda a absorber el presupuesto

Miles de jóvenes quieren ser médicos, pero no hay cupo

Pero mientras Nicaragua se llena de policías, el país no logra ampliar la cantidad de médicos para atender a una creciente población aquejada por la pandemia.

Por ejemplo, en el 2018 la UNAN-Managua dispuso nada más de 500 cupos para la carrera de medicina, y la UNAN-León 180. Otras siete universidades privadas ofertaron poco más de 300 cupos adicionales. Aunque eso no quiere decir que existan pocos jóvenes interesados en la carrera, ya que anualmente más de 6 mil jóvenes aplican a estudiar la carrera en la UNAN-Managua y la UNAN-León, según publicó ese año el hoy desaparecido periódico El Nuevo Diario.

Sin embargo, una cosa es la cantidad de estudiantes que entran a la carrera y otra la cantidad que egresan. En el 2017 el número de egresados en la UNAN-Managua fue de 206 nuevos médicos, mientras en la UAM (privada) el promedio era de 50 al año.

Para este 2021, según información disponible en la página web de la UNAN-Managua, la facultad de Ciencias Médicas dispuso 390 cupos, 300 para medicina, 40 para odontología y 50 para optometría.

Prioridades de Ortega se reflejan en sus políticas públicas

El hecho de que en Nicaragua la cantidad del personal de salud disponible y el de agentes de policía y miembros del Ejército sea casi igual, da una idea de las prioridades que tiene el gobierno de Daniel Ortega en materia de «políticas públicas», según Elvira Cuadra.

«Allí es donde te das cuenta también del balance que hay en términos de presupuesto público porque se castiga una política de salud, mientras del otro lado se incrementan los gastos del Estado en relación con el tema de la policía y no es precisamente para prevenir los delitos ni proteger a la ciudadanía de la delincuencia y la criminalidad común», indica.

Más presupuesto para la seguridad de Ortega

En el Presupuesto General de la República 2021, de los 3,760 millones de córdobas asignados a la Policía Nacional, 307.11 millones (un 8.2% del monto) es para la protección de «personalidades». Oficialmente esas personalidades son  Daniel Ortega, Rosario Murillo, y residencias y sedes de los miembros del cuerpo diplomático  y consular. No obstante, en la práctica, eso se extiende a un amplio grupo de allegados y miembros de la familia Ortega, entre estos sus hijos, a quienes es común verlos custodiados por un amplio aparato de seguridad.

La factura al gobierno

Para la socióloga Elvia Cuadra la prioridad que Ortega le está dando a su «política» policial le está pasando factura. «Realmente la población lo ve, lo sabe, lo entiende y obviamente una buena base del enorme descontento y del rechazo ciudadano que hay hacia el gobierno tiene que ver precisamente con ese tipo de decisión».

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