Aunque la Ley electoral vigente no permite que partidos que obtengan menos de «el cuatro por ciento del total de votos válidos» participen en las elecciones nacionales, esta ha sido aplicada de manera selectiva por el gobierno de Daniel Ortega desde su ascenso al poder en 2007.
El capítulo III, artículo 47, de la Ley electoral vigente estipula que son causales de cancelación de personería jurídica tanto la no participación como la participación que resulte con un porcentaje menor al 4% en las elecciones para presidente y vicepresidente.
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Por esta razón se presume que el Partido Conservador perdió su personería jurídica, puesto que su presidente, Alfredo César, había anunciado en mayo de 2021 que el partido no participaría en las elecciones por sospechas de que el proceso estaría viciado a favor de Ortega.
Aunque el Partido Conservador obtuvo 4.39% en los últimos comicios, otros partidos que se proyectan a participar en las elecciones generales del 7 de noviembre no consiguieron ese mínimo. Ha sido así en los últimos dos procesos electorales de Nicaragua, según los archivos del CSE para las elecciones de 2016 y 2011.
Micropartidos participan y se reembolsan
Alianza por la República (APRE) participó en las elecciones de 2011 con el candidato Róger Guevara Mena. En esa elección obtuvo 0.23% del voto. Volvió a participar en 2016 con Carlos Canales de candidato, y obtuvo 1.40%, que le alcanzó para conseguir un diputado.
En ambos procesos electorales también participó Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). En 2011, el partido obtuvo 0.40% del voto, cuando su candidato era Enrique Quiñónez. Esto no los impidió de participar en las elecciones de 2016, con Saturnino Cerrato como candidato, y fue hasta esas elecciones que el partido logró pasar el umbral, con 4.31% del voto.
Ambos partidos mantuvieron su legalidad a pesar de no lograr el mínimo de votos requerido por la Ley electoral vigente en 2011 (ambos) y 2016 (sólo APRE), y se espera que participen en las elecciones generales de 2021, programadas para el 7 de noviembre. Su legalidad irregular les permitió obtener fondos para sus gastos de campaña electoral según el capítulo IV, artículo 99 de la Ley electoral vigente, acto que en la jerga popular se conoce como “zancudismo” electoral.
Gerson Gutiérrez Gasparín y Claudia María Romero son los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por parte del APRE. Foto | NI
El reembolso electoral, que este año se planteó en 800 millones de córdobas, es un gran aliciente para que estas pequeñas agrupaciones participen en los comicios a pesar de los vicios que se denuncian, pues finalmente serán económicamente recompensados con fondos del erario público.
El candidato por APRE es Gerson Gutiérrez Gasparín, y por ALN va Marcelo de Jesús Montiel Fernández. Puesto que sus partidos participaron ambos en las elecciones de 2016, en las que no hubo observación internacional, no se espera que haya contratiempos u objeciones ante la falta de observadores en las elecciones programadas para el 7 de noviembre.
Nicaragua Investiga
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