El 5 de julio del 2018 en plena ola represiva de las fuerzas policiales y paramilitares contra los tranques y manifestaciones opositoras, el gobierno de Estados Unidos sancionó al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; y a Francisco López, tesorero del FSLN.
Desde entonces las sanciones de Estados Unidos se fueron extendiendo a Rosario Murillo, a sus hijos, a empresas familiares y todos aquellos funcionarios considerados parte de la nomenclatura represiva, de corrupción y de socavamiento de la institucionalidad democrática de Nicaragua. A Estados Unidos se le han unido en menor medida la Unión Europea, Suiza, Canadá y Reino Unido.
Las sanciones han sido celebradas por muchos nicaragüenses, activistas, opositores y defensores de derechos humanos.
Cuando estas empezaron a caer en los años 2018 y 2019 algunas personas creyeron que terminarían ahogando al régimen sandinista y provocando su caída. Pasado el tiempo, Ortega se ha vuelto a reelegir en la Presidencia por cinco años más, haciendo caso omiso a los señalamientos de ilegitimidad y a las amenazas de más sanciones.
Al respecto, hay verdades y mitos sobre las sanciones.
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1- Sí son un dolor de cabeza para el régimen
“Para mí es un reconocimiento, para mí es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en junio del 2019 tras conocer que EE.UU lo había sancionado por violador de derechos humanos.
Pero, en realidad ni Porras, ni los Ortega Murillo ni el resto de funcionarios sandinistas sienten las sanciones como medallas en el pecho.
El canciller Denis Moncada ha insistido en distintos foros que son «medidas coercitivas», incluso en septiembre pasado las calificó de “crímenes de lesa humanidad”.
El lunes pasado el régimen exigió, a través de Rosario Murillo que “se anulen esas medidas coercitivas ilegales”, que, según insiste, “van contra todas las cartas internacionales que deberían regir los destinos del mundo en términos de derechos, en términos de convivencia».
2- Son un castigo
Las sanciones buscan castigar conductas como violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción o falta de democracia. Eso lo han dicho claramente Estados Unidos, la UE y el resto de países cada vez que dan a conocer sus listas de sancionados.
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3- Las sanciones buscan cambios
Importante también decir que las sanciones tratan de forzar cambios por parte del régimen, es decir, que acceda a las demandas que se vienen haciendo. Ello también lo han dejado claro los países sancionadores cuando piden al dictador que libere a los presos políticos, cese la represión y haga las reformas correspondientes para que en Nicaragua haya elecciones libres y democráticas.
“Hemos utilizado y seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas con las que contamos para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad, rendición de cuentas, elecciones libres y justas”, declaró el martes 11 de enero Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
En la misma sintonía se ha expresado la UE, la cual criticó, en palabras de su Alto Representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, los comicios del 7 de noviembre, los cuales se celebraron sin “garantías democráticas” porque Ortega “privó” a los nicaragüenses de ejercer su voto de manera “creíble, inclusivo, justo y transparente”.
Es que hasta poco antes de las votaciones, la UE pedía a Ortega elecciones democráticas y exigía la liberación de los presos políticos, incluyendo 7 aspirantes presidenciales, como también que garantizara a los nicaragüenses el libre ejercicio de sus derechos constitucionales.
“Son una medida diplomática, un mensaje en el que le dicen al gobierno que no puede seguir haciendo las cosas de la manera en que las ha venido haciendo”, explica un analista.
4- Las sanciones no necesariamente botan dictaduras
Contrario a lo que muchos han creído, las sanciones por sí solas no botan gobiernos. Si así lo fuera, dictaduras como la de Cuba o Venezuela hace años serían solo parte de la triste historia latinoamericana.
“Existe la creencia que las sanciones van a hacer que Ortega caiga, se vaya del gobierno, pero esa es una falsa creencia. Sí, las sanciones son un golpe fuerte, las sanciones amarran, impiden maniobrar libremente, pero no significa el colapso. Con cada sanción ellos (Ortega) buscan medidas para tratar de esquivarlas y lo podés ver cuando sancionaron a Petronic o cuando han sancionado a funcionarios claves ¿Qué es lo que han hecho? Cambiarle nombres a las estaciones y en el caso de sus funcionarios nombrar a alguien para que firme”, explica.
5- No ponen en riesgo la supervivencia del régimen
Aunque las sanciones sí afectan a Daniel Ortega y sus allegados, estas no representan ningún peligro, hasta ahora, para la supervivencia del régimen.
Así lo explicaba el sociólogo y economista Óscar René Vargas en un reciente análisis. “De momento ni norteamericanos ni europeos se plantean derrocar a Ortega. Advierten, sin especificar, de mayores sanciones en caso de continuar la escalada dictatorial y represiva, sin embargo, no contemplan penalidades económicas para arrinconar al dictador a negociar”, afirmaba en su análisis publicado el 28 de diciembre pasado.
Vargas subraya que EE.UU ha buscado cómo forzar a Ortega a ceder espacios, pero que esas presiones no han sido ni “suficientes y eficientes para obligarlo a negociar una salida democrática”.
“Ni EE.UU, ni la Unión Europea han sido capaces de poner en marcha una estrategia exitosa, se están quedando sin opciones”, afirmaba.
“La Ley Renacer (noviembre 2021) y la Resolución de la Unión Europea (diciembre 2021) no tienen amenazas concretas existenciales ni mellan la férrea institucionalidad de la dictadura; a Ortega nada lo hará cambiar de estrategia de no ceder mientras no vea que las sanciones debiliten sus pilares de sostenimiento, su estrategia seguirá siendo ganar tiempo y perpetuarse en el poder ante las sanciones inocuas y la oposición real sin estrategia”, criticaba.
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