¿Qué ha ocurrido con las empresas sancionadas por EEUU en Nicaragua?

Ortega ha debido realizar diferentes maniobras para que sus empresas sigan funcionando, en algunos es evidente que poco efecto han tenido las sanciones, pero en otros incluso han debido cerrar operaciones.

Las sanciones han sido un golpe muy fuerte para el régimen de Daniel Ortega, y esto se puede evidenciar sobre todo en el caso de las diferentes empresas que según Estados Unidos son usadas para lavar dinero o alimentar el sistema de corrupción manejado por la familia en el poder.

Al igual que sucede con los funcionarios sancionados, Ortega ha debido realizar diferentes maniobras para que sus empresas sigan funcionando, en algunos es evidente que poco efecto han tenido las sanciones, pero en otros incluso han debido cerrar operaciones.

Veamos cada uno de los casos:

1- ALBANISA

El 29 de enero del 2019 Estados Unidos sancionó a ALBA de Nicaragua (ALBANISA), como parte de las sanciones emitidas contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Estados Unidos prohibió “cualquier transacción o trato con ALBA de Nicaragua (Albanisa) o cualquier entidad en que Albanisa posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más”.

De lo que fue el poderoso emporio empresarial conocido como Albanisa actualmente lo único que mantiene es su negocio de generación energética.

2- Bancorp

El 17 de abril del 2019 cayó la noticia de que EEUU había sancionado a Laureano Ortega, y con él también el Banco Corporativo SA (BanCorp).

El departamento del Tesoro explicó que el banco era utilizado por el régimen de Ortega y el FSLN para lavar y ocultar dinero de ALBANISA”. “A partir de 2018, BanCorp ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida”, subrayaba.

La sanción cayó luego de que en marzo de ese año, el Estado de Nicaragua, en un polémico movimiento, adquiriera el banco, el cual había sido creado por ALBANISA en el 2014. La ley de adquisición fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero no llegó siquiera a publicarse en La Gaceta.

De poco o nada le sirvió a Ortega el movimiento, y prácticamente cayeron más sanciones y la entidad cerró operaciones y solicitó a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF) su disolución.

Fue quizá el golpe más letal que la Casa Blanca le ha dado a las empresas de Ortega.

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3- Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP)

El 12 de diciembre del 2019 fue sancionado por “lavado de dinero y corrupción” Rafael Ortega y con él una serie de empresas controladas por él: Distribuidora Niccaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat.

Gracias al acuerdo petrolero con Venezuela, DNP se había convertido en la principal importadora de hidrocarburos de Nicaragua.
Dos días después de caer las sanciones, el 14 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó la nacionalización de DNP, lo que permitió que siguiera operando.

El 10 de febrero del 2020, Ortega buscando garantizar el esquema de importación y comercialización de hidrocarburos creó cuatro empresas estatales: la Empresa Nicaragüense de Gas (Enigas), la Empresa de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Enih) y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom).

La Distribuidora de Petróleos, DNP fue sancionada por el Tesoro de EEUU. Foto: NICARAGUA INVESTIGA

4- Inversiones Zanzibar S.A

Cuando Estados Unidos sancionó a Payo Ortega explicó que este usaba “Inversiones Zanzíbar para ocultar la transferencia de las ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (…) y como empresa de fachada para la compra de gasolineras, en un intento por ocultar que la verdadera dueña de dichas gasolineras es DNP”.

Zanzíbar operaba una importante red estaciones de servicio de Petronic.

Tras las sanciones la enorme red de gasolineras entró en crisis, pese a los cambios de colores, logos y nombres. La mayoría terminaron cerrando operaciones.

Cada añose rifaban decenas de camionetas doble cabina y carros. No lo vivieron a hacer.

5- Caja Rural Nacional (Caruna)

Caruna fue sancionada 9 de octubre de 2020. Estados Unidos aseguró que era una herramienta de Ortega para desviar dinero de Albanisa y estimaba que el monto rondaba los “2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito, utilizados por el régimen como recursos económicos para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo”.

Luego de las sanciones Caruna tuvo que cerrar varias sucursales y hubo miles de denuncias de ahorrantes de que no les habían regresado su dinero.

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6- Difuso

El 17 de julio del 2020, prácticamente en la víspera de la celebración de la principal fiesta sandinista, el triunfo de la la revolución (conocido popularmente coo “el 19 de Julio”), Estados Unidos anunció las sanciones contra Juan Carlos Ortega, a quien su madre Rosario Murillo considera la “reencarnación” de Sandino.

Ese día fue sancionada Difuso Comunicaciones S.A, propiedad de Juan Carlos, y que durante años ha mantenido el monopolio de la publicidad estatal, arrogándose jugosos contratos. La empresa sigue operando con normalidad.

7- El Goliat

Servicio De Protección y Vigilancia SA, conocida como El Goliat, es una empresa que brinda servicios de seguridad a distintas instituciones del Estado y, según EEUU, a través de ella se lava dinero. Continúa operando.

8- Syditek Mundo Digital

Esta empresa de venta de computadoras fue sancionada el mismo día que Juan Carlos y José Mujica, también señalado de testaferro de los Ortega. EEUU aseguró que esta empresa es usada para lavar dinero. También sigue operando.

El caso de la Policía Nacional

La Policía Nacional fue sancionada el 5 de marzo del 2020. Está considerada la principal fuerza represiva con la que cuenta la dictadura sandinista.

Luego de las sanciones los bancos cortaron relaciones con la institución y hubo problemas en el pago de la planilla de sus agentes, lo cual empezó a efectuarse en efectivo.

Una semana después, exactamente el 12 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó una ley para que el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU)  fuera deslindada de la Policía Nacional y pasara a ser manejado por la Presidencia de Nicaragua.
El ISSDHU es la entidad de maneja los fondos de los policías.

Hay que decir que aunque sancionada, la Policía Nacional no se ha visto mermada y ni siquiera se ha visto una fuga de agentes. Todo lo contrario: ha incrementado en número de efectivos, superando actualmente los 19,000 y el presupuesto que Ortega le entrega cada año va en aumento.

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