Estos son los jueces verdugos de los presos políticos en Nicaragua

Abogados aseguran que son nombramientos políticos, no basados en capacidad, sino en obediencia a las directrices del régimn Ortega Murillo.

El nombre de la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez resonó a nivel nacional e internacional este mes no por llevar a la cárcel a un prominente y corrupto político o a un reconocido narcotraficante. Se volvió una persona de “renombre” por imponer 13 años de cárcel a Lesther Alemán, el joven de voz potente y cuerpo delgado que el 16 de mayo del 2018, en el Diálogo Nacional, miró fijamente a Daniel Ortega y le dijo que esa no era una mesa de diálogo sino una “mesa de rendición”. No hay dos formas más distintas de entrar a la historia de Nicaragua que la de esta judicial y la del joven líder estudiantil.

Tardencilla Rodríguez es una de los jueces escogidos por el régimen de Ortega para procesar a más de 40 dirigentes y activistas de la oposición apresados desde mediados del 2021 y que están siendo condenados a penas que van de 8 a 13 años de prisión, sin importar que una buena parte de ellos son ancianos, o padezcan enfermedades crónicas o bien que las hayan desarrollado a lo largo de meses de encierro en las celdas de El Nuevo Chipote.

Los encargados de juzgarlos en base a acusaciones de la Fiscalía y cuestionados testimonios de policías son básicamente cinco jueces: la mencionada Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio; Ángel Jancarlos Fernández González, Juez Cuarto Distrito Penal de Juicio; Félix Ernesto Salmerón Moreno, Juez Quinto Penal de Juicio; Luden Martín Quiroz, Juez Noveno Distrito Penal de Juicio; y Ulisa Yahoska Tapia, Jueza Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio. Todos ellos son conocidos por su obediencia a las directrices del Frente Sandinista.

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Nadia Camila Tardencilla Rodríguez

El 3 de febrero del 2022 en la cárcel de El Nuevo Chipote, Tardencilla declaró culpable de “conspiración” a Lésther Alemán. En ese juicio llamó la atención que la jueza se mostró dispuesta a acatar las órdenes que le daba la Fiscalía. “¡Aunque sea su derecho, no le permita hablar!”, le ordenó la fiscal a Tardencilla cuando Alemán quiso tomar la palabra. La jueza obedeció, pero el joven alcanzó a decir fuerte y firme: “¡Soy inocente!

Ese día era una fecha especial para ella: Cumplía exactamente un año de juramentada como titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua.

Tardencilla se graduó en el 2009 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), según consta en anuario universitario. La UCA es tachada por los sandinistas como una universidad «elitista”, pero en la que se formaron irónicamente varios miembros de la familia Ortega y muchísimos de sus leales.

Antes de ser jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio había ocupado el cargo de Asesora de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua y Jueza Séptimo del Distrito Civil Oral de Managua.

También ha formado parte del cuerpo docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Otro aspecto por el que destaca son sus nexos familiares, al ser hija de Orlando Tardencilla Espinoza, ministro consejero con funciones consultares del régimen de Ortega en Suiza y embajador ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra. En los ochenta se hizo famoso por participar como combatiente sandinista en la guerrilla de salvadoreña. En ese país fue apresado y enviado a Estados Unidos, pero al año siguiente fue liberado y regresó triunfante a Nicaragua.

Otros casos de opositores que ha llevado la hija de Orlando Tardencilla son los del periodista Miguel Mora, el líder juvenil Max Jerez y el exvicecanciller Victor Hugo Tinoco. A Mora le impuso 13 años de cárcel.

Ángel Jancarlos Fernández González

El Juez Cuarto Distrito Penal de Juicio es originario de Jinotega pero reside en Managua. Se graduó de la carrera de derecho en la Universidad Católica (UNICA).

En el 2013 fue nombrado juez suplente del Juzgado Sexto de Audiencias de Managua, pero rápidamente ascendió a Juez Primero Local Penal de Managua.

Su labor como alto funcionario judicial también la ha combinado con su labor como docente en la UNICA.

Entre los casos que han estado a su cargo están los de la exguerrillera Dora María Téllez, condenada a 8 años de cárcel; el politólogo José Antonio Peraza, 10 años; y el banquero Luis Rivas.

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Luden Martín Quiroz

A diferencia de los otros jueces, Quiroz ya era conocido por los nicaragüenses, pues en septiembre del 2020 como Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua fue el encargado de ejecutar un embargo contra el Canal 12, uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedan en el país.

En mayo del 2021 también fue noticia cuando impuso la pena mínima de 10 años de cárcel a un hombre que asesinó a machetazos a un vecino. El judicial argumentó que encontró “atenuantes” a favor del asesino.

Irónicamente el 7 de febrero del 2022 Quiroz impuso 10 años de cárcel a la feminista Ana Margarita Vijil, dos días después sentenció a 8 años a la exdiputada María Fernanda Flores y el 16 de febrero le impuso 9 años de cárcel al periodista Miguel Mendoza. A todos ellos los encontró “culpables” de “conspiración”.

Su trabajo judicial se remonta al 2016 cuando empezó en un juzgado laboral.

En octubre del 2021 su nombre también resonó cuando condenó a cadena perpetua al traficante de migrantes Roberto de Jesús Reyes por el asesinato de Norma Rosa Saravia Rugama, hecho ocurrido cuando esta trataba de llegar a Costa Rica.

Félix Ernesto Salmerón Moreno

Salmerón Moreno es originario de León y en esa ciudad se graduó de abogado en el 2007 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

Ascendió rápidamente y en el año 2011 se convirtió en el jefe de la oficina de tramitación local penal de Managua y jefe de la tramitación de secretarios de los juzgados especializados en violencia.

Antes de convertirse en el titular del Juzgado Quinto Penal de Juicio, fue juez suplente del Juzgado Tercero de Distrito.

Como verdugo de presos políticos, impuso 13 años de cárcel a Medardo Mairena y 10 a Pedro Mena, dos de los líderes campesinos más reconocidos de Nicaragua.

También está a cargo de los casos de José Pallais, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri. Pallais y Cruz son dos de los presos políticos más enfermos y el viernes 18 de febrero fueron enviados a arresto domiciliar (con custodia policial), al igual que el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, siendo hasta el momento la única flexibilidad que ha mostrado la justicia del régimen con los opositores encarcelados.

Ulisa Yahoska Tapia

La actual Jueza Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio hasta el 2021 fue jueza único del municipio de Ticuantepe. Al igual que la mayoría de estos jueces, es prácticamente una desconocida.

Ella ha estado a cargo de los juicios contra Freddy Navas, Suyen Barahona, Francisco Aguirre Sacasa, Mauricio Díaz, María Oviedo, Yader Parajon y Yaser Vado. A Barahona le impuso 8 años de cárcel, a Navas 10 años, a Parajón 10 años y 13 a Vado.

Otros jueces verdugos

Aunque ellos son los principales verdugos de presos políticos, existe otros jueces en los departamentos que también se han prestado a condenar a opositores. Entre estos están:

1- William Howard López, Juez de Distrito Penal de Juicio de Masaya. Este declaró culpable a Nidia Barbosa, de 66 años, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

2- Verónica Fiallos Moncada, Jueza de Distrito Penal de Juicios de Ocotal. Esta condenó a Douglas Cerros Lanzas por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

3- Erick Ramón Laguna Averruz, Juez del Distrito Penal de Juicio de Estelí. Condenó a Alexis Peralta por los delitos de propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Igualmente condenó al campesino Santos Camilo Bellorín por propagación de noticias falsas.

Nombrados por leales

Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia y ex funcionario del Poder Judicial de Nicaragua, es enfático al criticar los criterios usados para el nombramiento de estos jueces.

“El Poder Judicial siempre había estado controlado en su mayoría por el Frente Sandinista. Los jueces obedecían a orientaciones sandinistas, sin embargo, después de abril del 2018 sufrió un proceso, digamos, de depuración de las personas honestas que habían dentro del sistema de justicia, se despidieron a muchos jueces, se sometieron a otros jueces”, explica.

Dice que a partir de esa fecha hubo un proceso de radicalización, donde los funcionarios obedecen más a “un interés político partidario”.

Antes de eso, asegura, los nombramientos el poder judicial se hacían al menos con “alguna apariencia de legalidad” o bien gracias al pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán.

Premiados

Igualmente indica que muchos de los jueces que históricamente han sido usados en algún momento por el régimen de Daniel Ortega, actualmente figuran como magistrados del poder judicial.

Efectivamente, uno de estos casos es el de la jueza Adela Cardoza, sustituida en el cargo por Nadia Tardencilla. Cardoza ahora es magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción oriental (Masaya y Carazo) y a partir del 2018 se convirtió en una de las principales figuradas judiciales en procesar a opositores y condenarlos a largas penas de cárcel. Otro caso es el de Edgar Altamirano, el juez que condenó a Medardo Mairena a 216 años de cárcel en el 2019 “por romper el orden constitucional”. Altamirano fue nombrado un año después Magistrado del Tribunal de Apelaciones.

“Son nombramientos políticos. Estos jueces no están allí por su capacidad, están por su obediencia. En el sistema de justicia nacional hay personas muy preparadas, pero los conocimientos y la preparación no es precisamente lo que se necesita para dictar estas sentencias. Un juez que actúa apegado a derecho al ver las pruebas espurias que presenta la Fiscalía y la Policía, inmediatamente desecharía los casos. ¿Por qué no lo hacen? Porque estamos hablando de juicios políticos, viciados, sin ningún sustento legal”, cuestiona un abogado bajo condición de anonimato.

“Ellos no son sometidos a un concurso de capacidad, como debería ser, están sometidos a un concurso de lealtad al poder y en base a ello es que se les premia. O sea, en el proceso de selección no se opta por los mejores”, subraya.

FSLN y la cooptación del poder judicial

Otro punto que hay que destacar es que la cooptación del Poder Judicial por parte del FSLN fue algo calculado y desarrollado a lo largo de décadas. Fue algo que sucedió a la vista de todos.

A mediados de los años noventa el Frente Sandinista mandó a estudiar derecho a exmiembros de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), una institución señalada de numerosas violaciones a los derechos humanos durante la primera dictadura sandinista. Hoy estos están en varias instituciones del Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.

Yader Morazán recuerda que aunque Alba Luz Ramos fuera la presidenta de la Corte, el ahora exmagistrado Rafael Solís era la persona más poderosa y podía hacer nombramientos con solo una firma. Efectivamente, Solís, ahora en el exilio en Costa Rica era conocido como el operador político de Ortega en el poder judicial.

“Rafael Solís había nombrado a muchas personas que eran retirados del Ejército o personas afines a los peritos de guerra de los ochenta para ser nombrados en cargos administrativos y cargos judiciales y de magistrados”, refiere.

El exmagistrado Rafael Solís dimitió con duros señalamientos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: NICARAGUA INVESTIGA.
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¿Los peores como jefes?

La ley de Carrera Judicial establece un sistema de escalafones, en donde las vacantes que vayan saliendo se irán rellenando con las personas que hayan tenido las mejores puntuaciones, sin embargo, Yader Morazán enfatiza que existen casos de magistrados que en los concursos o exámenes no han sido  necesariamente los que han obtenido los mejores porcentajes.

Morazán pone como ejemplo al actual presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Leonel Rodríguez. Efectivamente en el concurso de aspirantes a Juez Cuarto y Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Rodríguez obtuvo una nota final de 80.65, ocupando el último lugar. La mejor nota la obtuvo Carlos José Silva Pedroza, juez local penal de San Carlos, con un 98.18.

Leonel Ernesto Rodríguez Mejía, nuevo presidente del TAM.

Carrera judicial

En teoría los jueces nicaragüenses deben actuar con imparcialidad y sin someterse a ningún interés, más que al cumplimiento de las leyes. Así lo establece la Ley de Carrera Judicial. “Como garantía para los ciudadanos, los Jueces y Magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran sometidos únicamente a la Constitución y a la Ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa”, indica el artículo 33.

Requisitos para entrar a la carrera judicial

Para entrar a la carrera judicial y poder optar a cargos de dirección, el artículo 9 de la ley señala que habrá concursos de “mérito y pruebas de oposición” y que “se realizará una convocatoria pública por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial a la que podrán concurrir quienes reúnan los requisitos establecidos”.

“Los concursos de mérito y las pruebas de oposición, los cursos teórico-prácticos, el tiempo de ejercicio profesional, los años de servicio y los méritos, serán los parámetros mediante los cuales se definirán el ingreso, la permanencia y el ascenso en los cargos de Carrera Judicial, tanto de los aspirantes como de los que ya se encuentran dentro del sistema al momento de entrar en vigencia la presente Ley, en lo que les resulte aplicable”, indica.

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