Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se abordó la crisis de Nicaragua y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas.
En dicha audiencia participaron representantes de organismos internacionales y de organismos de la sociedad civil como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Urnas Abiertas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) e Instituto Raza e Igualdad.
Durante la sesión, Andrés Sánchez, Representante Regional Adjunto para América Central de OACNUDH, fue enfático en que el “derecho internacional tiene mecanismos y herramientas para hacer que la justicia tarde o temprano prevalezca” en Nicaragua.
Régimen dicta condena a otros 7 presos políticos
Sánchez recordó que la primera obligación del estado nicaragüense es rendir cuentas, pero lamentó que más bien desde el año pasado se hubiera desatado una nueva ola de encarcelamientos por razones políticas.
Operadores de justicia criminalizan a opositores, mientras mantienen la impunidad
Igualmente denunció que la administración de justicia no ha operado del mismo modo en el caso de los más de 300 muertos ocurridos durante las protestas antigubernamentales del 2018. En este sentido, recordó que la ley de amnistía aprobada en el 2019 no cumple con estándares del derecho internacional, y que los actuales “operadores de justicia” son un factor para mantener esa impunidad.
Vilma Nuñez, presidenta del Cenidh, organización ilegalizada por el gobierno a finales del 2018, refirió que en Nicaragua hay al menos 169 presos políticos, incluyendo 14 mujeres y siete exaspirantes presidenciales, acusados de delitos como conspiración, propagación de noticias falsas, entre otros.
Para Núñez en Nicaragua “se vive bajo un estado de excepción de hecho”, donde hay “un régimen obsesivo” que ve como “enemigo” a los disidentes.
Por su parte, Natalia Yaya, de FIDH, recordó que en Nicaragua entre finales del 2020 e inicios del 2021 fueron aprobadas leyes que violan los derechos humanos como la Ley de agentes extranjeros, la Ley de ciberdelitos y la ley de soberanía.
En este sentido, resaltó que preocupa que ahora el régimen busque “profundizar estos instrumentos de criminalización” desde consultas que está haciendo la Asamblea Nacional.
No menos graves fueron las denuncias de Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien también enfatizó en que el sistema de administración de justicia en Nicaragua está encargado de garantizar la impunidad.
En este sentido, destacó los juicios contra los opositores donde hay falta de publicidad, donde hay testigos y victimas falsas, y donde se obstruye el trabajo de los abogados defensores.
También refierió el aislamiento y las violaciones a los derechos humanos a que están siendo sometidos los presos políticos, como Tamara Dávila, quien llega aislada nueve meses o Violeta Granera, una adulta mayor con graves problemas de salud que ha perdido piezas dentales y por tanto tiene problemas para alimentarse.
Familiares de presos políticos constatan que siguen violaciones a los derechos humanos
Fraude electoral perpetúa impunidad
Durante la audiencia se abordó el tema de las votaciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron en la presidencia una vez más. Para Ligia Gómez, de la organización Urnas Abiertas, el “fraude electoral” lo que hace es perpetuar la impunidad en Nicaragua.
“El régimen Ortega Murillo utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron por completo la legitimidad del proceso electoral”, denunció.
Dijo que Urnas Abiertas registró irregularidades, delitos electorales como el uso abusivo de recursos públicos y violaciones a los derechos humanos como prohibición a la protesta pacífica, desplazamiento forzado y arrestos, y la cancelación arbitraria de tres partidos.
Régimen ausente en la audiencia
Como ocurre siempre, en la audiencia no participó ningún representante del gobierno de Nicaragua.
“Es lamentable que no esté presente, que sus autoridades no puedan estar hoy con nosotros, porque lo que hemos escuchado es una recopilación de mucha información que estamos manejando para escuchar su posición, para escuchar cómo su sistema de justicia, su órgano legislativo puede tener un planteamiento que explique desde su visión, de su análisis, esta situación”, resaltó Esmeralda Arosemena, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Arosemena también fue enfática en que el derecho internacional da las herramientas para que esta situación de Nicaragua sea atendida desde la visión de lo que implica la responsabilidad de los estados la violación de los derechos humanos.
Piden liberar a presos políticos
Durante la audiencia se volvió a insistir en la liberación de los presos políticos y la revocación de sus sentencias, la derogación del marco legal de las leyes denunciadas como represivas, la restitución de las personerías jurídicas a las organizaciones canceladas, y que la comunidad internacional proceda a un mecanismo de verificación y rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos en el país.
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