«Testimonio» de periodista oficialista no sirvió de nada en juicio contra Cristiana Chamorro

En el juicio contra la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) Walter Gómez y Marcos Fletes, y el conductor Pedro Vázquez, uno de los «testigos» que presentó la Fiscalía para tratar de inculpar a los acusados fue Mario Zúniga, un periodista de la oficialista Radio Sandino.

Sin embargo, contrario de lo que esperaba el régimen Ortega Murillo, de poca o ninguna utilidad sirvió el “testimonio” de Zúniga, uno de los propagandistas que desde el 2018 se ha dado a conocer por usar sus redes sociales para destilar insultos contra los periodistas independientes y mostrar su más alta lealtad a la pareja en el poder.

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Zúniga, de 39 años de edad, fue convocado por la Fiscalía a comparecer en el primer día de juicio, ya que había trabajado en el 2017 en Radio Darío, una emisora crítica con el régimen Ortega, en la cual asegura haber asumido la “jefatura de noticias y redes sociales”.

“Él llegó entre los primeros nueve testigos que no eran policías, el primer día comparecieron ellos nueve y pues dio su testimonio de lo que él vio, de lo que él oyó y de lo que él participó”, explicó una fuente bajo el anonimato.

“Nunca habló él ni ninguno de los testigos hablaron de dinero ilícito, dinero que se haya obtenido por parte de de la Fundación de producto y actividades ilícitas, incluso él habló de una donación que habían dado a la radio donde él entonces trabajaba, pero se la dio un diplomático (…), entonces ni siquiera él dijo que ese dinero era de la Fundación, pero tampoco dijo de dinero sucio”, explicó la fuente.

Propagandista del régimen (camisa roja) fue «testigo» en caso contra Cristiana Chamorro. Foto: Prensa oficialista.

Un juicio insólito

Además manifestó que la sentencia de culpabilidad no se ajusta a derecho y cita como ejemplo que a Cristiana Chamorro la acusaron de cuatro cargos: lavado de dinero, apropiación indebida, falsedad ideológica y de gestiones abusivas, aunque fue absuelta de estos dos últimos delitos.

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Por otro lado, se conoció que la defensa de Cristiana Chamorro argumentó que todas las supuestas pruebas fueron confiscadas de la casa de los acusados sin orden judicial por lo que pierden su valor probatorio. Los abogados también dejaron claro los vicios del proceso, porque nunca se les permitió acceso al expediente para preparar la defensa del caso, también se solicitaron revisiones médicas ante situaciones especiales de salud o visitas con sus familiares pero la mayoría de estas fueron negadas o en el peor de los casos hubo silencio absoluto por parte de los jueces, entre ellos la jueza Karen Chavarría, quien recientemente fue agregada por Estados Unidos a la «lista Engel», que da a conocer a los más corruptos y antidemocráticos del hemisferio.

Durante el proceso «a los defensores no se les permitió el ingreso de sus computadoras, teléfonos y fueron sometidos diariamente a registros corporales; por su parte el Juez y los fiscales ingresaron con computadoras, teléfonos con conexión a internet y durante todo el juicio constantemente estaban consultando sus actuaciones con personas ajenas al proceso», dice una fuente bajo anonimato.

La fuente indicó que  «pese a las presiones que fueron sometidos, los testigos, con valentía declararon confirmando la inocencia de los procesados».

Durante el juicio que duró varios días, los jueces dijeron que había una prueba «clave» que no fue presentada alegando que «se desconocía su paradero» y que esto era seguramente porque «se le seguía realizando peritaje», a pesar que pasaron nueve meses investigando el supuesto delito, tiempo durante el cual se mantuvo bajo prisión «preventiva» a los acusados.

Otra de sus testigos principales fue la Directora del Departamento Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón quien para mala imagen de la Fiscalía, no pudo ofrecer un testimonio sólido en contra de Chamorro y dijo que solo podía declarar haber entregado a la Policía un informe firmado por el analista financiero de la entidad en la que trabaja sobre el caso de la Fundación, pero no conocía mayores detalles sobre el contenido del mismo.

El analista financiero al cual se refería Urey Blandón es Luis Carlos Hernández Mendoza, quien según nuestra fuente, en un hecho insólito reconoció en su testimonio reconoció «no tener las credenciales ni la preparación necesaria para elaborar una auditoria del tipo que suponía estar contenida en el informe. Dijo no ser contador, no conocer las normas nacionales de contabilidad para la elaboración de ese tipo de informe, no saber quién le había proporcionado la información para elaborarlo y nunca antes haber elaborado un informe de este tipo».

Los defensores indicaron en el juicio las contradicciones de la Fiscalía que en su acusación no había cumplido sus obligaciones desde 2015 a 2020, pero en los mismos pliegos probatorios presentados como prueba por el Estado, estaba toda la documentación que contradecía esta afirmación.

«Finalmente, el perito no tuvo otra opción que confesar que su informe no probaba la comisión de ningún delito contra los acusados», indica el testigo que nos dio su versión de los hechos que se llevaron a cabo bajo completo secretismo.