Esposas y abogados defensores de los ex aspirantes presidenciales y ahora presos políticos del régimen de Daniel Ortega, brindaron este viernes 4 de marzo una conferencia de prensa informando sobre el proceso judicial que enfrentaron ambos junto a otros cinco opositores, donde los declararon culpables por menoscabo a la integridad nacional y conspiración.
La conferencia se da un día después que las autoridades impusieron condenas de cárcel de entre 8 años de cárcel a Violeta Granera y Tamara Dávila, 9 años a Arturo Cruz y 13 años a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri y José Pallais.
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“El “juicio” de Chamorro y Maradiaga es espeluznante tanto por la cantidad como por la gravedad de las violaciones sustantivas y al debido proceso exhibidas, y demuestra cómo el régimen de Ortega ha tomado el control total de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para promover sus intereses autocráticos”, detallan los abogados en su informe.
No hubo permiso para hablar
Según estos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el juicio. Entre ellos que a lo largo del juicio los presos tuvieron muy poco o ningún contacto con sus abogados.
“Durante unos días del juicio, no se les permitió hablar con sus abogados en ningún momento. Durante todo el juicio, los presos fueron sentados separados de sus abogados para impedir cualquier comunicación. A los abogados también se les impidió dirigirse libremente al tribunal durante el juicio y se les impidió hablar en varias ocasiones”, detallaron.
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Los abogados, Jared Genser y Michael Russo, detallaron que a Chamorro y Maradiaga no se les permitió hablar en absoluto, “solo se les permitió indicar “si” o “no” con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo”.
Las pruebas que presentaron
Igualmente 27 agentes de policía fueron presentados como testigos y las pruebas que se presentaron contra los acusados fue su participación en un grupo de WhatsApp y entrevistas que brindaron a medios de comunicación.
“La evidencia material presentada nunca fue directamente relacionada con el presunto delito: por ejemplo, una unidad USB se presentó como “evidencia” y la Fiscalía alegó que contenía documentación de actividad ilegal, pero la documentación en sí nunca se presentó. En el caso de Chamorro, la fiscalía presentó un iPhone 4 obtenido durante el allanamiento a su domicilio, pero estaba configurado con los ajustes de la fábrica y no se había utilizado en años”, señalan.
No obstante, ninguna de las pruebas presentadas correspondía a considerarse como un delito, según Genser, quien señaló que la ilegalidad del proceso judicial hacia su defendido y los otros presos políticos, inicia desde la ley.
“La ley es ilegal y el menoscabo a la integridad nacional queda a la interpretación del régimen de Daniel Ortega”, dijo.
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