La presidenta del PLC María Haydeé Osuna fue incluida este miércoles en una lista de personas señaladas como «Actores corruptos y antidemocráticos» por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, al igual que otro consierado colaboracionista del actual régimen; el diputado Wilfredo Navarro.
Otros 7 funcionarios sandinistas también fueron incluidos en esta lista, que permite identificar a las personas que no son elegibles para visado ni para ingresar a territorio estadounidense.
«El gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por la injusticia y falta de transparencia exhibidos en los juicios de los presos políticos de Nicaragua», dijo el Departamento de Estado en un comunicado. «Seguimos comprometidos en apoyar al pueblo de Nicaragua, luchando contra la corrupción y promoviendo la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro mejor» añade.
Los demás funcionarios incluidos en esta vergonzosa lista son: La presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, el vicepresidente de ese Poder del Estado Cairo Amador, y el magistrado electoral Lumberto Campbell. Además se encuentran el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro, el Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras y la jueza del Distrito Noveno de Managua, Karen Chavarría.
The U.S. firmly opposes attacks by the Ortega-Murillo regime on democratic institutions in Nicaragua. Today’s announcement of visa restrictions on Nicaraguan officials promotes accountability for the regime’s abuses. https://t.co/wY9b6fDj6f
— Ned Price (@StateDeptSpox) March 9, 2022
Muchos de estos funcionarios se encuentran sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y tienen sus bienes bloqueados en ese país además de la prohibición de hacer negocios con ciudadanos norteamericanos, sin embargo, esta lista es un nuevo instrumento que permite al gobierno norteamericano publicar los nombres de aquellas personas que han sido desvisadas o consideradas no elegibles para ingresar a su territorio, una información que es considerada clasificada en la mayoría de los casos.
Anteriormente, funcionarios y corruptos nicaragüenses no eran incluidos dentro de la lista de personas «corruptas y antidemocráticas», pero esto cambió con los alcances de la Ley Renacer firmada el 10 de noviembre de 2021, por el Presidente Joe Biden.
La lista es considerada una vergüenza internacional para las personas que en ella se encuentran y representa uno de los tantos instrumentos de Estados Unidos para castigar a los que considera personas clave para el fomento a la corrupción y el socavamiento de la democracia en la región.
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Sobre Osuna, Estados Unidos dice que fue sancionada por conspirar «junto al régimen Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al firmar quejas infundadas que sirvieron como pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo y llevar a su líder al exilio», haciendo referencia al extinto partido Ciudadanos por la Libertad y su dirigente, Kitty Monterrey.
En el caso de Wilfredo Navarro, Wálmaro Gutiérrez y Gustavo Porras, las sanciones responden a su colaboración con el régimen Ortega-Murillo, dándole a este «las herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega».
Cairo Amador, actual presidente del CSE, recibe las sanciones por «conspirar con el régimen Ortega-Murillo para minar las instituciones políticas y subvertir la elección nacional de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos políticos legítimos de la oposición con bases dudosas».
Edwin Castro, de quien el Departamento de Estado destaca su permanencia en la Asamblea Nacional desde 1997, es sancionado por «asegurarse de que leales a Ortega-Murillo ganasen todas las posiciones de magistrado en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que el régimen Ortega-Murillo utilizó para excluir a candidatos y partidos de oposición y acosar y encarcelar a oponentes políticos».
Y por último, Karen Chavarría, actual jueza del noveno distrito de Managua, fue sancionada «por abusar su autoridad y subvertir los procesos legales para actuar en contra de los oponentes políticos del régimen Ortega-Murillo y descalificar a candidatos de oposición de las elecciones de noviembre de 2021».
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