Dictadura va por la Fundación Coen. ¿A qué se dedicaba y cómo se interpreta esta medida?

Una de las grandes fortunas en Nicaragua es la del Grupo Coen, un conglomerado empresarial de agronegocios, servicios financieros, industria, bienes raíces y turismo, fundado hace más de 60 años por Piero Coen Montealegre, pero presidido desde hace ya buen tiempo por su hijo Piero Coen Ubilla.

Este último es muy recordado por haber sido el único millonario nicaragüense en haberse sumado a las protestas antigubernamentales tan pronto como el 23 de abril del 2018 cuando en una manifestación detuvo su vehículo, se subió al capó y levantó la bandera de Nicaragua mientras gritaba junto a los jóvenes “¡Únete pueblo!”. Fue un gesto que tendría repercusiones para la corporación empresarial, que vio cómo en julio de ese año hombres armados afines al FSLN se tomaron tierras de su propiedad en el departamento de Chinandega.

Pasados cuatro años de aquella expresión de respaldo a las demandas ciudadanas, el oficialismo no lo ha olvidado y en la Asamblea Nacional está una iniciativa de ley para cancelar las personerías jurídicas a 24 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluyendo la Fundación Coen.

La Fundación es la rama encargada de la Responsabilidad Social Empresarial del grupo y se enfoca en el desarrollo sostenible en salud, educación, cultura, medioambiente, cultura y protección social en sectores necesitados.

Foto: Web Grupo Coen.

Los tres hombres del Cosep, hoy rehenes de Ortega

Entre los programas que ejecuta está el Dispensario Móvil que brinda atención médica gratuita en 15 comunidades de Chinandega; la Clínica Esther Coen, que desde el 2014 brinda atención a los colaboradores del Grupo y atención médicas pediátricas a sus hijos; las Becas en la Escuela de Arte Ecuestre Cortijo El Rosario, la cual se dedica a la crianza, doma y comercialiación de caballos pura raza; y el Centro de Equinoterapia, ubicado también en el Cortijo El Rosario, donde los niños reciben tratamiento terapéutico a través de la estimulación con caballos, como también rehabilitación convencional, atención dental, estimulación temprana y terapias sicológicas especializadas, entre otras cosas.

Un mensaje al capital

Sin embargo, con la cancelación de la personería jurídica a la Fundación Coen no solo se le da un golpe a los beneficiarios de estos programas, sino que, según analistas, se está enviando un fuerte mensaje a los demás empresarios nicaragüenses.

La abogada y activista opositora Alexa Zamora, expresa que existe un objetivo intimidatorio del régimen al apuntar contra organizaciones como esta.

“Es un mensaje no solamente al gran capital, sino que refuerza la posición de que todo aquello de que no sea controlado por el régimen equivale a una muerte jurídica”, expresa.

Para el analista José Dávila, efectivamente «es una advertencia al capital. Este tipo de sistema totalitario se precia de actuar como estado, pretendiendo dictar normas obligatorias a todos los sectores, pero con especial mira en el sector empresarial, el del capital; quieren someter la actividad productiva y de relaciones económicas a la concepción estatista, centralista y autoritaria a leyes que atentan contra la libertad de producir, vender o distribuir que debe tener la empresa privada”, asegura.

Dávila señala que en regímenes como el de Ortega el empresario debe someterse “a condiciones que violan” el “libre mercado, la transparencia financiera, y la libertad del modo de producir”. “Además deben someterse a la visión política de la dictadura, que en su creencia es la correcta, pero que ya sabemos solo responde a intereses personales, familiares y sectarios de los que se creen amos y señores del país, un modelo que por supuesto está condenado al fracaso”, subraya Dávila.

A Ortega no le interesa disimular ante la comunidad internacional

José Dávila considera que con estas medidas el mensaje es el mismo de los últimos años, aunque lo profundiza.  «Nadie puede pensar distinto, nadie puede tener emprendimientos distintos, nadie puede tener actividades que no respondan al concepto totalitario y sectario de los que creen, con soberbia y cerrazón, que solo ellos tienen la razón en sus actuaciones, aún así estén enterrando o pretendiendo enterrar con represión la libertad, el pluralismo, la democracia y la diversidad de opiniones y acciones, elementos vitales para avanzar hacia el desarrollo y con buen futuro de una sociedad», explica.

Para Aleza Zamora esto también es un mensaje que envío Ortega a la comunidad internacional, en relación a que a él «no le interesa ya ni siquiera disimular su pretensión de controlar totalmente todos los espacios correspondientes a la vida institucional de Nicaragua».

CPDH se prepara para la cancelación

Otra de las organizaciones que se prepara para la cancelación de la personería jurídica es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, brindó declaraciones en una conferencia de prensa donde lamentó la iniciativa de ley y destacó la falta de voluntad del gobierno de Nicaragua en que se documente la situación de derechos humanos en el país.

«Esta noticia no nos ha sorprendido porque sabíamos que íbamos a engrosar la lista de las más de 100 organizaciones (canceladas)», señaló Carmona, quien también añadió que lo que llamó la atención de esta iniciativa es que se da en el día del 45 aniversario de la organización.

Así los secretarios políticos y alcaldes del FSLN fueron piezas fundamentales de la represión del 2018

Sin embargo, Carmona afirmó que si la acusación del Gobierno para despojarlos de su personería jurídica es que han incumplido con su documentación, ellos sí han intentado entregarla, pero se les ha impedido.

«CPDH dejará de existir»

El abogado, Eugenio Membreño, dijo que tras conocer la iniciativa de ley, hoy, la «CPDH dejará de existir» y que no van a recurrir con ningún recurso ante las autoridades, porque «en el pasado los recursos presentados ante las Corte Suprema de Justicia no fueron resueltos».

Carmona destacó que no continuarán realizando acciones con su nombre ni utilizándolo para seguir operando como otras organizaciones de derechos humanos que han sufrido cancelación.

«Nosotros somos respetuosos de las leyes, y en este caso, si la Asamblea Nacional nos ha quitado la personería jurídica, no vamos a estará usando el nombre de la CPDH porque nos exponemos», destaca.

De igual forma, Carmona y su equipo ya están preparándose para entregar los bienes inmuebles una vez que la cancelación de su personería jurídica se apruebe, aunque sí bien, no entregarán los registros de casos y denuncias recibidas, principalmente en el contexto a partir de abril del 2018.