El gobierno de Daniel Ortega declaró este martes de «utilidad pública» el inmueble que albergaba las oficinas de la OEA en Nicaragua y anunció que se convertirá en un museo, tras la expulsión del país de este organismo.
El edificio que ocupaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) «ha sido declarado de utilidad pública y pasará al Estado» donde, a través del Instituto de Cultura se creará «el museo de la infamia», dijo la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, durante su habitual discurso diario a través de medios oficiales.
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«Que más infame que ese ministerio de colonias», añadió Murillo en referencia al organismo hemisférico, tras confirmar su «expulsión», efectuada el domingo.
El edificio de tres plantas está ubicado al sureste de Managua, en una zona exclusiva, y tras la expulsión de la delegación de la OEA, fue custodiado por agentes de la policía.
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El último domingo Nicaragua también adelantó su salida de este organismo con sede en Washington, del que ya había anticipado su retiro en noviembre de 2021, luego que la entidad regional desconoció la elección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales presos.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, informó que su país dejaba inmediatamente de participar de la OEA y procedía a retirar las credenciales a sus representantes en Washington. «Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos», aseguró.
La secretaria general de la OEA había denunciado el domingo que la ocupación de sus oficinas era un acto «ilegítimo» y una violación a las normas internacionales.
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«Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias», agregó.
La declaratoria de utilidad pública a las instalaciones de la OEA es el último episodio de una cadena de acontecimientos en las relaciones entre Managua y ese organismo en los últimos cuatro años, en el contexto de una crisis política detonada por protestas antigubernamentales en el 2018.
La OEA participó de forma activa en el diálogo efectuado en 2018 y 2019 en busca de una solución a la crisis, sin resultado.
Durante este período la OEA ha emitido resoluciones que demandaba al gobierno de Daniel Ortega, un exguerrillero en el poder desde el 2007, efectuar reformas a la ley electoral y ha pedido de forma reiterada la liberación de decenas de opositores presos.
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