El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció que la violenta toma de la sede de la OEA el pasado domingo por parte del gobierno de Daniel Ortega no tiene precedentes «ni en los tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua«.
En una carta dirigida a la embajadora y también presidenta del Consejo Permanente, Elizabeth Darius Clarke, Almagro denunció el atentado como una «violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora».
Ortega confisca edificio sede de la OEA en Nicaragua
El domingo, 24 de abril, el canciller Denis Moncada anunció que a partir de ese momento quedaban expulsados de Nicaragua el personal de la OEA, cerrando además sus oficinas. Esa misma noche, la sede del organismo fueron rodeadas por efectivos de armados la Policía Nacional.
Moncada anunció además que las credenciales diplomáticas de los representantes de la OEA serían canceladas, pero a la fecha no ha aparecido en La Gaceta dicha cancelación. El martes 25, Rosario Murillo anunció que las instalaciones quedaban confiscados.
Almagro denunció que la Policía se tomó el recinto, apoderándose así de archivos y materiales alojados en la sede. Por esto el secretario general recordó al gobierno de Ortega que el artículo 133 de la Carta de la OEA dicta que el organismo «gozará en los territorios de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones y la realización de sus propósitos».
También explicó que, aunque Nicaragua denunció en noviembre de 2021 la Carta de la OEA, la salida del país no es inmediata, sino que estaba programada dos años después de iniciado el proceso.
Almagro señaló que Nicaragua está obligada a cumplir con las normas del organismo durante ese tiempo, pero no especificó consecuencias o mecanismos que puedan obligar a Ortega en caso de que su gobierno no ceda ante estas exigencias. Para Almagro, esta acción es «absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos», condenándola y repudiándola como violencia y un atentado contra el derecho y la convivencia internacionales.
«El Acuerdo General entre la secretaría general de la OEA y el gobierno de la República de Nicaragua sobre el funcionamiento de la oficina de la secretaría general de la OEA y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades… detalla los privilegios e inmunidades que el gobierno le reconoce a la oficina de la secretaría general contra todo tipo de procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida sin el consentimiento de las autoridades de la secretaría general” explicó Almagro.
«Ninguna de las partes puede unilateralmente interpretar su texto ni aplicarlo a su conveniencia» concluyó.
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