Cinco alarmantes cosas que vienen en el nuevo paquetes de reformas penales en Nicaragua

Los "consultados" por los diputados demandaron "justicia" en el caso de los religiosos que, según ellos, apoyaron las protestas antigubernamentales del 2018.

La nuevas reformas a las normas jurídicas penales que tiene planificado llevar adelante el régimen de Daniel Ortega traen consigo amenazas de cárcel a la oposición, sino también a los sacerdotes y obispos de Nicaragua.

Entre el 11 de febrero y el 6 de abril la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional tuvieron 17 sesiones de trabajo con representantes de las instituciones que integran el sistema de justicia penal, como son la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y a Procuraduría General de la República. Además se reunieron con representantes de las alcaldías de Diriamba, Jinotepe y Granada, con representantes de las universidades y con supuestas víctimas y familiares de crímenes de odio.

Reformas contra «golpistas»

Hay que destacar que en un informe las comisiones legislativas insisten en acusar a la oposición de un supuesto intento del golpe de Estado contra Daniel Ortega en el marco de las protestas antigubernamentales del 2018, pese a que organismos internacionales que han investigado los hechos no han encontrado evidencia de ello.

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“Durante 2018 y los años subsiguientes, sectores de la oligarquía, en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas ONGs impulsaron un intento de golpe de Estado, financiado, dirigido y organizado principalmente desde el exterior”, afirman en su informe final.

Pero lo que más llama la atención son los cinco amenazas que, tras las consultas se ciernen sobre los opositores, religiosos y también organizaciones sociales que manejan estos.

1 . Adicionar al Artículo 4O9 del Código Penal la figura de “extinción de dominio” como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria”.

2 . Reformar el Artículo 410 del Código Penal para que la condena por Menoscabo a la Integridad Nacional se incremente 15 a 20 años de cárcel.

3 . Reformar el Artículo 147 Código Procesal Penal para que durnte una investigación en curso sea obligación “guardar reserva” al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la Policía Nacional.

4 . En una abierta amenaza contra sacerdotes, las supuestas “víctimas” del golpismo opositor demandaron a los diputados justicia en el caso de los religiosos y directores de organizaciones de Derechos Humanos que, según ellos, “se involucraron en la aventura golpistas” del 2018.

5. En este punto también piden investigar “a fondo” comunidades o asociaciones religiosas. Entre los lugares amenazados está el Colegio San José de Jinotepe, según se puede leer en el informe.

Supuestas víctimas quieren “reparación material”

En las consultas que hicieron los diputados, los simpatizantes del FSLN que se declaran víctimas de las protestas antigubernamentales del 2018, piden fortalecer programas para tener “atención psicosocial”, además de “algunas reparaciones materiales dentro de las posibilidades reales del Estado”.

Diputados entre las víctimas

En los anexos del informe aparece una lista de una veintena de personas que participaron en el proceso de consultas. Entre ellos está el diputado sandinista Nasser Silwany, quien se declara «víctima» de los opositores. Igualmente aparece la también diputada sandinista Amada Pineda, cuyo hijo Francisco Ramón Araúz murió en junio del 2018 cuando, se maneja, participaba en la sangrienta operación limpieza en el barrio 8 de Marzo de Managua. Araúz fue declarado «héroe de la paz» por el oficialismo.

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También participaron tres comisionados de la Policía, entre los cuales están Lenin Soza Róbelo y Álvaro Pérez Marenco, jefe y segundo jefe de la Dirección de Asesoría Legal de esa institución.

Igualmente destacan los jueces Ángel Jeancarlos Fernández y Nadia Tardencilla, bautizados por opositores como «verdugos de presos políticos». También destaca por el poder judicial, el magistrado del Tribunal de Apelaciones Henry Morales.

Entre los alcaldes «consultados» está el de Jinotepe, Mariano Madrigal; y Fernando Baltodano, de Diriamba.

No consultaron a víctimas que no fueran sandinistas

Los diputados no citaron a los familiares de cientos de opositores asesinatos por la Policía y militantes del FSLN durante las protestas de hace cuatro años. Tampoco a los miles de personas que han denunciado arrestos arbitrarios, torturas e infinidad de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen sandinista.

 

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