La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó este jueves que “Nicaragua es actualmente uno de los Estados más represivos del mundo”, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bélgica llegó a esta conclusión tras escuchar una actualización sobre la situación de Nicaragua de parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien además señaló un “aumento inédito” de la migración principalmente hacia Costa Rica y Estados Unidos.
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“La situación de derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando. Mi oficina continúa documentando detenciones arbitrarias y condiciones deteriorables para estas personas”, dijo Bachelet, quien agregó que cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido despojados de su personalidad jurídica.
“Desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndoles e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la Policía y se les prohibió la entrada a sus feligreses”, denunció. Bachelet se refiere al monseñor Rolando Álvarez y del padre Harving Padilla, quienes sufrieron persecución semanas atrás.
La Alta Comisionada también habló de la migración de los nicaragüenses como un hecho sin “precedentes”, ya que es mayor de los que se registraron en la década de 1980, durante la Revolución Sandinista.
Situación de presos políticos
La Alta Comisionada habló de la situación de los presos políticos documentando que 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. “Quienes fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021, están afrontando condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de las Naciones Unidas… Y muchos han sido procesados, condenados sin los debidos procesos”, agregó.
Según Bachelet, 11 mujeres y 39 hombres han sido condenados a penas de hasta 13 años de prisión y fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos. 44 fueron condenadas por propagar noticias falsas, menoscabar la integridad nacional y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos.
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“Sin embargo, estas condenas se habrían basado de alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales”, destacó.
Para todos los presos políticos, Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren, está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año. Por otro lado, instó al régimen sandinista a cesar “las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”. Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo, pero esto ha sido rechazado.
Régimen rechaza informe
Wendy Morales, fiscal general de Nicaragua y leal al régimen, respondió a la presentación de la Alta Comisionada diciendo que exponía hechos “alejados de nuestra realidad” y que todo se trataba de una supuesta “agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido”.
Además alegó que el informe de Bachelet forma parte de una “campaña liderada por Estados Unidos”, que tiene como plan “inmiscuirse en los asuntos internos de los países”, un discurso oficial que mantiene el régimen contra las naciones que han tildado a su gestión como una dictadura.
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