La Policía Nacional notificó a la Arquidiócesis de Managua la suspensión de la procesión de la imagen de Fátima prevista a realizarse este 13 de agosto y que partiría desde las cercanías del Colegio Cristo Rey hasta llegar a la Catedral de Managua.
La oposición considera esto como un nuevo ataque del régimen de Daniel Ortega contra de la Iglesia católica, misma que desde el estallido social de abril del 2018 ha mantenido un perfil crítico a las violaciones de derechos humanos en el país.
“La Arquidiócesis de Managua dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que vive actualmente nuestra patria, hace saber a nuestros Sacerdotes y los fieles católicos, que la Policía Nacional nos ha comunicado que por motivos de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión programada para las siete de la mañana de este próximo trece de agosto”, cita un comunicado de la jerarquía católica.
+++Comunicado de la Arquidiócesis sobre las actividades por motivo de la conclusión del Congreso Mariano.
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— Arquidiócesismanagua (@arquimanagua) August 12, 2022
Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la Iglesia Santa Faz, expresó su oración para que “ese miedo humano, no nos haga sucumbir en la fe, sino que, proteja siempre a tus hijos, sobre todo aquellos que son perseguidos por la fe”.
Policía no tiene facultad de prohibir actividades religiosas
Para Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, esta prohibición que hace la policía leal a Daniel Ortega no tiene “ningún fundamento constitucional ni mucho menos respetuoso de los derechos humanos». «Esa decisión es otra expresión del abuso de poder, de un ejercicio de poder tiránico y obviamente en tiranía no hay derecho ni garantía”, subrayó.
Las declaraciones de Carrión coinciden con las de la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, quien indicó que esta prohibición es para “demostrar que ellos (la administración Ortega Murillo) tienen control hasta de lo que ocurre dentro de la liturgia de la Iglesia Católica”.
Carrión a su vez indicó que el derecho a expresar una religión y realizar actividades religiosas está “constitucionalmente protegida y universalmente protegida”.
El defensor de derechos humanos, exiliado en Costa Rica, manifestó que Nicaragua vive en un estado de excepción de facto y que, incluso “ni en estado de excepción se pueden suspender todos los derechos”.
Una justificación que contradice a Murillo
Carrión indicó que la justificación que da la Policía leal a Daniel Ortega de que la procesión debió ser cancelada por razones de “seguridad interna” contradice al discurso que reproduce Rosario Murillo y los funcionarios del gobierno de Nicaragua de que el país vive en “paz”.
“En un país que está cargado de amor, de paz; de todo el palabrerío rimbombante que utilizan cómo se explica que se fundamenta que impidan una procesión, motivada por razones de seguridad interna”, dijo Carrión a Nicaragua Investiga.
¿A qué se refiere Rosario Murillo con «Pecado de lesa espiritualidad»?
Para el defensor de derechos humanos esta acción es la “continuidad de la guerra contra la Iglesia Católica” y que el régimen Ortega Murillo “pretende desplazar a la Iglesia Católica en el ejercicio de sus actividades”.
Por su parte, la doctora Núñez afirma que si fueran ciertos los argumentos de la Policía significaría «una aceptación» por parte de esa institución de «que ya no tiene control, que ya no es capaz de garantizar la seguridad ciudadana en el ejercicio libre de su derecho”.
Crítica a la Conferencia Episcopal
La defensora de derechos humanos cuestionó la acción de la Conferencia Episcopal tras la notificación de la policía para la cancelación de la actividad religiosa.
“¿Cuál fue la respuesta de la Conferencia Episcopal? ¿Cuál fue el diálogo? ¿Aceptó tranquilamente ese diálogo? ¿No fue capaz de argumentar el derecho de la feligresía y de la iglesia misma de ejercer su mandato religioso?”, expresó la defensora de derechos humanos.
“Envía un mensaje subliminal que es prácticamente criminalizador y que, indirectamente le imputa un delito”, aseveró la doctora Núñez.
Hasta el momento no ha habido una respuesta clara por parte de los jerarcas católicos referente a los ataques que ha recibido la Iglesia Católica en las últimas semanas, tampoco el Papa Francisco se ha referido al tema.
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