Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su mando absoluto en Nicaragua: como presidente y «copresidenta». Controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil según una reforma constitucional ratificada el jueves de esta semana por el Parlamento.
El mandato de gobierno pasa de cinco a seis años y la ya poderosa Murillo sube de rango, de vicepresidenta a «copresidenta», según la reforma aprobada en noviembre en un primer periodo legislativo y ahora en el segundo necesario para que entre en vigor.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
La reforma, aprobada por «unanimidad» por un Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que los copresidentes coordinarán «a los órganos legislativo, judicial, electoral», antes reconocidos como poderes independientes.
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«Estos cambios drásticos marcan la destrucción del Estado de derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua», aseguró el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU que evalúa los derechos humanos en Nicaragua.
El Congreso aprobó también una moción presentada por el jefe legislativo para que la norma sobre el mandato de gobierno sea retroactiva, con lo cual el actual periodo de Ortega se extenderá hasta 2028 gobernando junto a Murillo.
– «Retroceso» –
Nicaragua es definida ahora como un Estado «revolucionario» y «socialista», e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
El parlamento «ha sellado un nuevo capítulo en nuestra historia de bendición, de libertad, de dignidad nacional, de orgullo nacional, aprobando de manera unánime la nueva Constitución», dijo Murillo, al destacar que Nicaragua es un «modelo de democracia directa».
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La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en un comunicado su «profunda preocupación» al considerar que la reforma «profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas» en el país centroamericano.
Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
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La reforma establece que el Estado «vigilará» a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros», y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados «traidores a la patria», como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
– Miles de encapuchados –
Otra de las controvertidas normas de la Constitución reformada es la creación de una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018.
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Con los rostros cubiertos con capuchas negras, más de 15.000 civiles han sido juramentados por las autoridades de Nicaragua como «policía voluntaria» desde mediados de enero, antes incluso de que fuera ratificada en su totalidad la reforma.
Durante las protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el «pueblo», intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
