La sala de audiencias del juzgado de Río San Juan sentenció a Ariel José López Pérez. El sujeto recibió la condena máxima tras ser declarado culpable del asesinato de su hijastra, una bebé de apenas 18 meses de vida.
El magistrado Edmundo Leiva pronunció la sentencia en una audiencia donde el acusado y su cómplice, Petrona López Lanzas —madre biológica de la víctima—, mantuvieron una actitud desafiante que evidenció la ausencia total de remordimiento por el crimen cometido.
El horror
Los hechos que conmocionaron a la zona se registraron el 5 de diciembre de 2024 en el corazón de la reserva natural Indio Maíz.
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López Pérez confesó a las autoridades que «le caía mal» la niña porque «no era su hija», revelando así la frialdad con la que planificó y ejecutó el crimen. Tras quitarle la vida, el feminicida arrojó el cuerpo de la pequeña en un pozo artesanal, con la macabra intención de ocultar para siempre las evidencias de su acto.
Cómplice silenciosa
La madre de la víctima, Petrona López Lanzas, recibió una condena de 20 años de prisión por su participación como cómplice en el delito. Durante el proceso judicial se estableció que la mujer mantuvo silencio sobre los planes homicidas de su pareja, alegando posteriormente que había sido amenazada de muerte.
Las investigaciones revelaron que López Lanzas desarrolló un comportamiento peculiar tras el crimen: se internaba en la espesura de la selva supuestamente para llorar la pérdida de su hija, aunque los especialistas en criminología consideran que este patrón podría responder a la culpabilidad por su complicidad.
Movilización ciudadana y captura
El caso adquirió dimensiones nacionales cuando comenzó a circular en plataformas digitales, generando una ola de indignación que trascendió las fronteras departamentales. La presión social y mediática aceleró la respuesta de las autoridades.
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Los habitantes de la región se convirtieron en aliados fundamentales de la investigación, proporcionando información clave que facilitó la captura del perpetrador. Esta colaboración ciudadana demostró que la comunidad rural no permanece indiferente ante actos que atentan contra los más vulnerables de la sociedad.
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