La recién creada Procuraduría General de Justicia de la dictadura de Rosario Murillo llevó a cabo el lunes su primera acción de gran envergadura al expropiar masivamente propiedades rurales en el departamento de Chinandega, estableciendo un antecedente que genera alarma sobre el futuro de los derechos de propiedad privada en Nicaragua.
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Mediante publicación en La Gaceta, la procuradora Wendy Morales formalizó la apropiación estatal de 176.73 hectáreas distribuidas en la comarca San Isidro, municipio de El Realejo, afectando directamente el patrimonio de una docena de familias propietarias.
Proyecto logístico como justificación
Las autoridades fundamentaron la decisión en la necesidad de expandir el centro logístico Julia Herrera de Pomares, una iniciativa que, según el documento oficial, pretende integrar a Nicaragua en las cadenas comerciales internacionales y fortalecer la economía nacional a largo plazo.
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La Empresa Portuaria Nacional (EPN) será la entidad responsable de desarrollar el proyecto en los terrenos confiscados. El decreto gubernamental también instruye a los antiguos propietarios a facilitar el acceso de funcionarios estatales para la toma de posesión inmediata de las tierras.
Consolidación del poder estatal
Esta acción representa la materialización de las facultades otorgadas a la Procuraduría General de Justicia, institución establecida por la dictadora Rosario Murillo en agosto pasado bajo el eslogan de combate a la corrupción.
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Analistas interpretan esta primera expropiación como una demostración del alcance de la nueva estructura del régimen, que podría replicar acciones similares invocando la figura legal de «utilidad pública» sin mecanismos efectivos de recurso o apelación para los afectados.
La medida se inscribe en el patrón de concentración del poder que ha caracterizado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han ido restringiendo progresivamente los espacios de autonomía civil y empresarial en el país.
Implicaciones para el sector privado
La ausencia de garantías procedimentales claras en el proceso expropiatorio genera incertidumbre en sectores productivos y propietarios rurales, quienes podrían enfrentar situaciones similares bajo argumentos de desarrollo nacional o interés público.
Este precedente coloca en evidencia la vulnerabilidad del derecho de propiedad privada en el país, donde las decisiones gubernamentales pueden materializarse de forma inmediata sin espacios efectivos de defensa legal para los ciudadanos afectados.
La situación refuerza las preocupaciones internacionales sobre el deterioro del estado de derecho en Nicaragua y su impacto en la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico sostenible.
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